El pasado mes de abril y coincidiendo con la apertura del plazo para inscribir a los alumnos para el próximo curso, la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, presidida por el arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, remitió una carta a los padres de los casi ocho millones de alumnos que este curso han optado por recibir enseñanza religiosa en los centros no universitarios. En la misiva, titulada Solicitar la clase de Religión en los colegios, los obispos recuerdan que “el estudio de la religión en la escuela es un instrumento precioso para que los niños y los jóvenes crezcan en el conocimiento de todo lo que significa su fe, a la par que van desarrollando sus saberes en otros campos». Ante la derogación de la reforma de la clase de Religión prevista en la Ley de Calidad anunciada por el Gobierno de Zapatero, los obispos recuerdan que “es vuestro derecho propio y constitucional. El Estado tiene la obligación de facilitaros el ejercicio real de este derecho fundamental, que a vosotros os asiste y a nadie perjudica” y aconsejan a los padres que no se dejen confundir “ante las muchas cosas inexactas y confusas” que se han dicho sobre la clase de religión, “un instrumento precioso” para que los niños y jóvenes comprendan que “creer en Dios ilumina las preguntas más profundas que ellos mismos llevan en el alma”.La inconstitucionalidad de la campaña eclesiásticaLa Plataforma Ciudadana por una Sociedad Laica no ha tardado en denunciar el intento de algunos profesores de religión de incluir esta carta en la información oficial que los directores de los centros de Primaria y de Secundaria ofrecen a sus alumnos para la preinscripción y matriculación del curso 2004-2005. La Plataforma, de la que forman parte, entre otros, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), la Confederación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza, Confederación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza (S.T.E.) ha hecho público un comunicado en el que denuncia que “estos hechos revisten cierta gravedad por cuanto algunas autoridades educativas en determinadas Comunidades Autónomas han tenido que intervenir para prohibir la difusión de esa carta en los centros públicos, al considerar que constituye una interferencia abusiva e ilegal que vulnera el artículo 16 de la Constitución española”. Por otro lado, si bien respetan el derecho, constitucionalmente reconocido a la libertad religiosa, denuncian “su radical insuficiencia ya que no recoge con nitidez el principio de la libertad de conciencia como derecho inalienable de toda persona y como fundamento filosófico y jurídico de la libertad religiosa”. En cuanto a la campaña emprendida por la jerarquía eclesiástica, denuncia el actual status de esta materia “que se basa en acuerdos establecidos entre la Santa Sede y el Estado español que contienen elementos de inconstitucionalidad”. Por ello exige su revisión y anuncia su decisión de “seguir impulsando la elaboración y aprobación de un Estatuto de Laicidad para nuestro país en el que se recojan los principios filosóficos y jurídicos de ésta, como son el respeto a la libertad de conciencia de todos los ciudadanos y la neutralidad del Estado en materia de religión, tanto en la actuación de las autoridades civiles como en el funcionamiento de las instituciones públicas (ayuntamientos, escuelas, universidades, hospitales, juzgados, cuarteles, cárceles etc.)”.