El ámbito judicial trae muy buenas nuevas para el movimiento ciudadano contra la planta logística PALM-40 de Villaverde. En un auto fechado el pasado 22 de septiembre, el Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha acordado incoar diligencias previas “por el presunto delito de prevaricación y contra el medio ambiente” de sus promotores y responsables.
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La Asociación de Viandantes A Pie, Pedalibre, la FRAVM, el Observatorio de la Movilidad Urbana Sostenible, Ecologistas en Acción, Madres por el Clima, Greenpeace, Fridays For Future Madrid y la Plataforma Sindical de la EMT se han unido para alertar sobre la preocupante situación del transporte público madrileño, las restricciones indiscriminadas en el espacio público de la ciudad y la falta de una apuesta decidida por la movilidad peatonal y ciclista en el actual contexto de la pandemia de la Covid-19. Es evidente que en este marco ni el Ayuntamiento de Madrid ni la Comunidad de Madrid han hecho sus deberes.
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El pasado domingo, más de un centenar de vecinos y vecinas de todas las edades dieron vida a la segunda bicicletada de Leganés con el fin de reivindicar el uso cotidiano y seguro de la bicicleta. A su término, la Federación Local de Asociaciones Vecinales de Leganés (FLAVL) destacó este “éxito de participación”, algo que le ha animado a impulsar una marcha mensual.
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La asociación de viandantes A PIE, la Coordinadora de Entidades Ciudadanas de Hortaleza y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) denuncian la burla que supone inaugurar un aparcamiento de 250 automóviles en una parcela junto al colegio Juan Zaragüeta de Hortaleza en plena Semana Europea de la Movilidad, publicitada por el Ayuntamiento de Madrid con el lema “No dejes huella. Muévete en cero” y que dice apoyar también Iberdrola.
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Las AMPAS del CEIP Tomás Bretón, IES Gran Capitán y CEIP Joaquín Costa, junto a la Asociación de Vecinos Pasillo Verde-Imperial (Arganzuela) denuncian la situación de los accesos a los centros escolares por la obras de urbanización de la operación Mahou-Calderón, que hacen imposible una vuelta segura a las aulas. La situación afecta a 1.600 alumnos y alumnas.
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Un defecto de forma podría anular Madrid Central, según ha sentenciado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tras estimar los recursos interpuestos por el Partido Popular en 2018. La Plataforma en Defensa de Madrid Central, de la que forma parte la FRAVM, pide responsabilidad y soluciones a los dirigentes municipales para que prioricen la salud y la protección del medio ambiente frente a intereses políticos y partidistas.
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El pasado jueves, la FRAVM y las asociaciones vecinales de los barrios afectados por el proyecto PALM-40 presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid tras comprobar que la empresa constructora ha seguido adelante con las obras a pesar de que el Ayuntamiento no ha aprobado aún el Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental de Usos acordado. Este hecho podría dar lugar a la presentación de una querella por delitos contra la salud y el medio ambiente.
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