Representantes del Grupo Cordinador, que reúne a las federaciones y confederaciones vecinales de Madrid, Cantabria, Cataluña, Galicia, Asturias, Valencia, Extremadura, Aragón y Baleares, acompañados del director General de Consumo de Comercio y Consumo de Cantabria, Fernando Toyos, del Doctor en Derecho Mercantil, Jorge Tomillo y representantes de asociaciones de defensa de los consumidores han presentado esta mañana sus propuestas de cara a la revisión de la Ley de Protección de los Consumidores de 1984.

Los asistentes al encuentro han utilizado como base las novedades que incorpora la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios de Cantabria, de 7 de marzo de 2006, ‘que cierra un capítulo de injusticias y es una ley de tercera generación’ en tanto amplía los derechos de los consumidores, recogiendo, entre otros, el derecho a la protección contra los riesgos a la salud, la seguridad, la defensa de los intereses económicos y sociales y la defensa contra los riesgos que amenacen al medio ambiente, el desarrollo sostenible y la calidad de vida. Las entidades vecinales han instado al Gobierno central a que reconozca como beneficiarios especiales a aquellos colectivos que se encuentren en situación de inferioridad, subordinación, indefensión o desprotección (niños, personas, desempleadas, discapacitadas, nuevos vecinos…) y que, al igual que la ley cántabra, ‘reconozca jurídicamente que el consumidor es la parte débil en un contrato mercantil, de manera que en los juicios, vean protegidos de manera efectiva todos sus derechos’. Han insistido, asimismo, en la necesidad de que la futura ley establezca un sistema de arbitraje ágil y efectivo con todas las garantías de cumplimiento y en que, se corre el peligro de que la nueva norma invada competencias de las comunidades autónomas, lo cual supondría, en el caso de Cantabria, invalidar algunas de las medidas más progresistas que han existido hasta hoy en materia de consumo.

Los representantes vecinales han dedicado especial atención a la compra de vivienda nueva. No en vano, el 13,46% de las consultas y reclamaciones que las organizaciones de consumidores y usuarios recibieron durante 2005 eran referidas al sector de la vivienda. En este sentido y, recogiendo las medidas adoptadas en el artículo 18 de la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios de Cantabria, instan al Gobierno a que incluya en la futura ley estatal:

• Obligación de entregar al adquiriente de vivienda una copia del proyecto de obra • Acreditación de tener el seguro de cobertura de responsabilidades y afianzamiento• Copia del contrato de compraventa en que el comprador es ajeno a todo gasto derivado de la titulación.• Derecho a elegir notario• Derecho a decidir si subroga alguna operación de crédito• A exigir garantías legales que corresponden a los vendedores para asegurar sus responsabilidades: fecha de entrega de la vivienda y zonas comunes; precio total de la vivienda, incluyendo, si existen, gastos de agentes y el IVA; el número total de plazos y su vencimiento y las cláusulas penales por incumplimiento. • Limitaciones al uso y destino de la vivienda.

En el encuentro, Jorge Tomillo, Doctor de Derecho Mercantil por la Universidad de Catantabria, ha presentado el borrador de trabajo elaborado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria a instancias del Instituto Nacional de Consumo, para la regulación de la mediación y el arbitraje de consumo, un documento ‘que después ha sido ignorado’ por el Gobierno central.

Tras el encuentro, los representantes del Grupo Coordinador pedirán mantener un encuentro con portavoces del ministerio de Sanidad y Consumo para trasladarles las propuestas mencionadas.