El desalojo de la AV Valle-Inclán de Prosperidad llegó el pasado jueves 14 de octubre a la Asamblea de Madrid de la mano del grupo parlamentario de IU. La diputada Eulalia Vaquero pidió a la responsable de la Consejería de Educación, propietaria del local que en la actualidad ocupa la asociación vecinal, que su titular, Lucía Figar, se reúna con los representantes de la entidad para buscar “con ellos una salida que en ningún caso ponga en peligro ese proyecto social que en el barrio de Prosperidad sigue siendo tan necesario”. Vaquero recordó que la de La Prospe es “una de las asociaciones de vecinos más populares de Madrid, que lleva 30 años trabajando y desarrollando de manera ejemplar un proyecto social educativo y cultural que ha hecho que hoy la asociación (..) sea un referente, no sólo para ese barrio, sino para el movimiento vecinal madrileño”.

La diputada de la coalición insistió en el hecho de que la asociación aceptó la cesión del local que ocupan en la calle Luis Cabrera con el convencimiento de que la Consejería de Educación prorrogaría el contrato siempre y cuando, como les dijeron, “la finalidad de la asociación no cambiara”. “Y no ha cambiado”, recordó Vaquero. Con la perspectiva de construir un espacio estable para el desarrollo de sus actividades, la asociación invirtió 70.000 euros para adecuar un semisótano “inutilizable para actividad alguna”.

A pesar de cumplir con los requisitos previamente establecidos por la Consejería para seguir disfrutando del local, la asociación recibió una comunicación en la que se le anunciaba que los juzgados habían recibido la petición, por parte de Educación, de que ordenara el inmediato desahucio del local. Sin embargo,la entidad “no dispone de medios para trasladarse a otro local de similares características en el barrio”, por lo que Vaquero pidió a Figar que se reúna con los representantes de la asociación de vecinos para buscar con ellos una salida que, en ningún caso ponga en peligro ese proyecto social que en el barrio de Prosperidad sigue siendo tan necesario”.

Figar, por su parte, justificó la decisión de la consejería alegando que el objetivo de tal decisión es “recuperar el local y ponerlo en el mercado para ganar ingresos para la hacienda regional”, en el marco de la política del Gobierno autonómico, que en la actualidad “está revisando a fondo algunas de las partidas de gasto corriente, entre ellas, la política de alquileres y de compraventa de inmuebles gracias a la cual el Ejecutivo autonómico ha ingresado “6 millones de euros revisando los alquileres y 4,2 millones con la venta de un inmueble también a cargo de la Consejería de Educación; ahí se enmarca ese alquiler”.

“Sé –admitió Figar – que esta asociación realiza una labor estimable” por lo que accedió a reunirse con sus representantes no sin antes recordarles que “tienen abiertas todas las convocatorias de subvenciones para asociaciones que realizan proyectos sociales”.