Tras los atentados del once de marzo del 2004, la Asociación de Víctimas de Terrorismo (AVT) presentó una querella en la Audiencia Nacional (AN) personándose en el Sumario 20/04 como acusación popular. En la querella presentada, solicitaban, entre otras cosas, el cierre de mezquitas en España, la ruptura de relaciones diplomáticas con el país enemigo Marruecos, la entrada y registro en la Mezquita de la M-30, la apertura de diligencias para esclarecer la participación de ETA en el atentado…La investigación de los atentados correspondió al Juzgado Central del Instrucción (JCI) nº 6 de la AN, del que es titular el Magistrado Juan del Olmo. La instrucción se le encomienda a la Fiscal Olga Enma Sánchez Gómez. Ante la magnitud del lo ocurrido se adopta una decisión sin precedentes en la AN: se libera al JCI nº 6 de todos los asuntos que estaba llevando hasta ese momento para que se dedique en exclusiva a la instrucción de los atentados del 11-M. Asimismo, se crea una oficina de atención a las víctimas para asistir única y exclusivamente a los afectados de este atentado, que trabaja de manera coordinada con el JCI nº 6.Al poco tiempo del atentado, varios de los afectados comienzan a recibir cartas de la AVT dirigiéndose a ellos como “estimado socio”. Ninguna de estas personas se había puesto en contacto con la citada asociación. Nadie sabe cómo obtuvo la AVT los datos de las personas afectadas. Algunas de ellas comienzan a acudir a la oficina de atención a las víctimas, donde se les recomienda que se asocien a la AVT.Ante esta situación, algunos de los afectados, muchos de ellos pertenecientes a diferentes asociaciones de vecinos que no se sienten representados por la AVT ni suficientemente atendidos por la oficina de atención a las víctimas, comienzan a reunirse en el centro cultural La Colmena y deciden crear la Asociación 11-M Afectados de Terrorismo. Acción popularEl 27 de junio de 2005, la asociación se personó en el Sumario 20/04, ejercitando la acción popular prevista en los artículos 101 y 270 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contra las personas responsables de los atentados del 11 de Marzo de 2004.El 26 de julio de ese mismo año, el Juzgado Central de Instrucción 6, emitió Auto en el que se admitía la personación de la Asociación 11-M Afectados de Terrorismo, siempre y cuando lo hiciera actuando con los mismos abogados de la AVT y realizando las mismas actuaciones procesales. Es decir, obligaba a esta asociación a someterse a los dictados de la AVT durante todo el procedimiento, el juicio y la ejecución de la sentencia. La Asociación 11-M se negó. Desde entonces, hace ya un año, la asociación está intentando personarse como Acusación Popular ante la negativa de la Audiencia Nacional, que alega no puede haber más de una acusación popular por caso. Existen, sin embargo, numerosos precedentes de procedimientos en los que ha llegado ha haber más de ocho acusaciones populares, representando a diferentes grupos de afectados que han actuado de manera independiente, como el caso Lasa-Zabala, el caso Nécora, el caso de las escuchas del CESID, el de Segundo Marey, Scilingo…400 acusaciones particularesDe los ejemplos anteriores se deduce lo injusto del trato recibido por la Asociación 11 de marzo Afectados del Terrorismo. Resulta que no se pone ningún obstáculo a la Asociación de Derechos Penales, defendida por el Sr. Rodríguez Menéndez, para su personación en el proceso de las Escuchas del CESID; o al Sr. Ruiz Mateos, en el caso de Fondos Reservados, y sin embargo, la Asociación creada a consecuencia del atentado de Madrid es obligada a personarse con la misma representación y defensa que la AVT, so pena de no poder ejercer su derecho constitucional.Ante la reiterada negativa de la AN de admitir a esta asociación como Acusación Popular, la Asociación 11M ha decidido presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, que no se va a resolver hasta dentro de, por lo menos dos años, y comenzar a personarse a título individual, como acusaciones particulares. Hasta el momento se han presentado más de 400 acusaciones particulares.Desde la AN se ha acusado en reiteradas ocasiones a la Asociación 11-M afectados de terrorismo de estar haciendo política a costa de los atentados favoreciendo al Gobierno del PSOE; de obligar a las víctimas a asociarse; de falsear los datos atribuyéndose la condición de asociación con mayor representatividad entre los afectados del atentado…La respuesta del JCI nº 6 ante las primeras personaciones de los afectados miembros de esta asociación, fue emitir una resolución por la que se ponía en duda la condición de perjudicados de 113 personas, de las cuales 69 son familiares directos de fallecidos, 22 son familiares de heridos y 15 son heridos directos. La mayoría de estas personas habían pasado hasta en tres ocasiones por la oficina de atención a las víctimas del 11 de marzo y por la AN.Al trato recibido en el juzgado se le debe sumar la falta de recursos económicos. Ni la Comunidad de Madrid ni el Ayuntamiento de Madrid ni el Gobierno central están ayudando económicamente a la asociación.Asimismo, algunos de los miembros de la asociación llevan más de una año recibiendo amenazas por correo electrónico y por teléfono e insultos desde los medios de comunicación.A la vista de todo lo que ha estado sucediendo se ha decidido convocar una concentración ante la sede de la Audiencia Nacional el día 31 de mayo a las 12h para pedir que se le deje personarse como Acusación Popular.