Francisco Caño, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM); Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Federación de Asociaciones por la Defensa de la Sanidad Pública; José Ricardo Martínez y Fernando Sánchez, Secretario General de UGT-Madrid y secretario general de Servicios Públicos del sindicato, respectivamente y Javier López y Manuel Rodríguez, Secretario General y coordinador del Área Pública de CCOO de Madrid, respectivamente, han presentado esta mañana a los medios de comunicación el Manifiesto en Defensa de la Sanidad Pública Los representantes de las citadas organizaciones han llamado la atención sobre el hecho de que la Comunidad de Madrid, que es una de las comunidades autónomas con mayor renta per cápita, es la segunda del Estado que menos dinero público destina a la sanidad, lo que está dando lugar al incremento de listas de espera para pruebas diagnósticas y a una cobertura hospitalaria de menos de tres camas por cada mil habitantes frente a una media europea que se sitúa en 4,8. Han denunciado la progresiva privatización del servicio, que se traduce en la externalización de personal y servicios, como el de informática, el de atención domiciliaria y el de archivos de historias clínicas, que supone un enorme riesgo de pérdida de confidencialidad de datos sensibles. El año 2007, han señalado, va a suponer un hito en ese proceso ya que la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de este año permite al Gobierno de la Comunidad de Madrid la cesión de la gestión de todos los hospitales públicos a empresas privadas. Han denunciado, asimismo, que la Comunidad de Madrid ha cedido una parcela pública para la construcción del hospital privado de Valdemoro y han destinado más de 3.000 millones de euros a las constructoras y entidades financieras que gestionarán los nuevos centros hospitalarios, lo que constituye “un robo del patrimonio colectivo”.

A todo ello han sumado las constantes cesiones de parcelas públicas para la construcción de colegios privados o concertados; las acusaciones de sabotaje que el Gobierno de Esperanza Aguirre está vertiendo sobre los trabajadores de Metro para justificar las averías y retrasos que se producen por la obsolescencia de la maquinaria utilizada –se está dando uso, recuerdan, a trenes de más de treinta años de antigüedad recuperados del desguace- y, por último, las represalias que han tomado contra trabajadores de Telemadrid y la “agresión constante” a la libertad de expresión que se deriva de la línea editorial del ente público para convocar la manifestación que el próximo jueves 22 de marzo partirá desde la plaza de Colón en defensa de los servicios públicos.

* Leer el manifiesto en el fichero adjunto.