“Los grupos han recibido nuestro documento con interés y se han comprometido a estudiarlo y a mantener, en el plazo de un mes, un nuevo encuentro para valorarlo”, ha indicado Carmen Esbrí, portavoz de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid-Marea Blanca, tras una reunión en la que también han estado presentes delegados de la Marea Blanca catalana. “Les hemos trasmitido que el documento es una hoja de ruta, que incluye algunas propuestas que deberían empezar a aplicarse ya”, ha remachado.

El texto es fruto del trabajo de coordinación de los colectivos sociales que componen las mareas blancas regionales, que en la actualidad están presentes en la práctica totalidad de comunidades autónomas. Tras compartir los problemas más graves de cada territorio y verificar que algunos son comunes a todos, como las listas de espera, la pérdida alarmante del empleo público sanitario, la reducción de recursos, la externalización de servicios y la proliferación de casos de corrupción, las mareas blancas acordaron elaborar una tabla reivindicativa en su tercera asamblea estatal, celebrada el 21 de enero en Barcelona. Hoy, esta tabla, que recoge propuestas que afectan a los ámbitos local, estatal y europeo, ve la luz.

La primera de sus medidas, todas ellas destinadas a revertir la “situación crítica” en la que se halla el Sistema Nacional de Salud (SNS), es la revisión de la Ley General de Sanidad de 1986 “con la derogación del artículo 90, que abre la parte de concesiones a la Sanidad Privada”. Junto a este, el movimiento ciudadano solicita la derogación de otras tres normas: la Ley 15/1997 (“para garantizar sin obstáculos la gestión pública y transparente de todos los servicios públicos”), el Real Decreto 16/2012 (“para que exista financiación finalista del SNS a través de impuestos, mediante una política fiscal justa, recuperando la universalidad y eliminando repagos”) y el polémico artículo 135 de la Constitución Española, con el fin de “blindar la salud como derecho fundamental”.

En su escrito, las mareas, que están compuestas por sindicatos sanitarios, asociaciones vecinales, de pacientes y otros colectivos sociales, también demandan una mayor vigilancia a la sanidad privada, sanciones “a quienes pretendan especular” con este derecho y la “eliminación de la financiación pública de las mutualidades de funcionarios (MUFACE, ISFAS, MUGEJU…), integrándolas al SNS con la misma financiación y servicios que el resto de la población”.

Además, tras rechazar el modelo de Unidades de Gestión Clínica, “que ponen en peligro la pluralidad e independencia de los trabajadores”, reclaman la “prohibición de toda desgravación fiscal de los seguros privados”, la “eliminación del acuerdo del Gobierno central con FARMAINDUSTRIA, que garantiza el aumento del gasto farmacéutico según IPC”, y el impulso de auditorías ciudadanas de la deuda sanitaria “y depuración de responsabilidades y de los responsables de aquella considerada ilícita y/o ilegítima”.

Por otro lado, con objeto de recuperar la calidad perdida estos últimos años consecuencia de los recortes, las organizaciones ciudadanas demandan que las plantillas de los centros sanitarios se adecuen a las necesidades (permanentes y estacionales) de la población, incrementándolas cuando sea necesario; un impulso claro de la Ley de Dependencia y de la salud mental, esta última, “desde un enfoque social y comunitario con recursos 100% públicos”. Además, vuelven a defender que se potencie la atención primaria “como puerta de entrada al sistema y eje coordinador entre niveles asistenciales”, priorizando las actividades de prevención y promoción de la salud.

Finalmente, en el ámbito europeo, las mareas blancas demandan una mayor regulación y control de la industria farmacéutica, alimentaria y biotecnológica, y el rechazo a tratados de libre comercio como el TTIP, el CETA y el TISA, “que supeditan derechos ciudadanos a intereses de multinacionales y los mercantilizan”.

Tras entregar el documento de 43 reivindicaciones a los grupos parlamentarios, la Marea Blanca Estatal hará lo mismo con las consejerías de Sanidad y los grupos políticos de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos.

Fotos @AgustnMilln