Allí, delegados de la plataforma depositarán un escrito dirigido a cada uno de los grupos parlamentarios en el que exponen las razones por las que se oponen al incremento del Ejecutivo y, por ende, solicitan la presentación de enmiendas al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017 con objeto de que las y los pensionistas no sigan perdiendo poder adquisitivo. Además, reclaman la derogación de la reforma de las pensiones “impuesta” en 2013 por el Partido Popular. Esta reforma establece un nuevo método de la revalorización anual de las pensiones y pretende aplicar desde 2019 el llamado “factor de sostenibilidad” que, a tenor de los colectivos de mayores, perjudicará notablemente a las pensiones futuras.

En el actual proyecto de Presupuestos Generales del Estado para este año, que se encuentran en proceso de aprobación, se consagra la partida destinada a la revalorización de las pensiones en un 0,25%, a pesar de que el propio Gobierno prevé un aumento del IPC del 1,5%, lo que supone una nueva pérdida del poder de compra para las personas jubiladas. La plataforma recuerda que las pensiones fueron congeladas en 2011, “lo que supuso la pérdida de un 2,9% de poder adquisitivo respecto al IPC, y no complementadas con el aumento de éste en noviembre de 2012 (las pensiones subieron un 1% y el IPC en noviembre el 2,9%) y una pérdida del 1,9%”. Unas pérdidas “que nunca hemos recuperado, pese a la bajada de los precios en los años siguientes (con revalorizaciones del 0,25% desde 2014), que vuelven a repuntar al 1,6% en 2016”.

A esta pérdida directa de poder adquisitivo se suman ciertos “co-pagos” en los medicamentos “(o pago del 100% por la retirada de casi 500 fármacos de las listas de la Seguridad Social)” y los recortes en la Ley de Dependencia, “que socavan nuestra dignidad al hacer recaer el peso de la atención en las familias y especialmente en las mujeres, con grave daño a su vida profesional y al futuro de sus pensiones”. La plataforma también recuerda en su escrito a los grupos políticos que “en todo este periodo de crisis las pensiones han sido sustento principal del 30% de los hogares sin recursos, lo que cobra especial dramatismo si consideramos que un 50% de las pensiones está por debajo del SMI, y que en torno al 70% no llega a mil euros”.

Y, sin embargo, los ataques contra el Sistema Público de Pensiones no han cesado en todo este tiempo, ataques que, con el argumento de su falta de sostenibilidad, llegan “desde los más diversos frentes: Bruselas, FMI, instituciones del Estado como el Banco de España, “expertos” de toda índole, Banca y Aseguradoras privadas, etc”. “Está claro que los ingresos por cotizaciones no son hoy en día suficientes para cubrir el gasto en pensiones, pero no por un crecimiento desmesurado de éste (que ha sido “modulado” con sucesivas reformas) sino por las sucesivas reformas del mercado laboral y las políticas de austeridad, que han llevado a una insoportable tasa de desempleo, mientras el empleo que se crea es precario y con muy bajos salarios”, asegura la Plataforma Mayores en Acción.

En su carta a los representantes públicos, el colectivo aclara que su preocupación no se centra solo “en quienes actualmente estamos en situación de jubilación y con derecho a pensión de la Seguridad Social, sino en la pervivencia, sostenimiento y mejora del Sistema Público de Pensiones para las generaciones de trabajadoras y trabajadores que nos siguen, a las que el paro, la precariedad y los bajos salarios (menores cotizaciones) auguran una vejez problemática, si de añadido se siguen endureciendo las condiciones de acceso, se amplía el periodo de cálculo y no se revierte la tendencia a aumentar la edad de jubilación”.

Además, alertan sobre la brecha de género en las pensiones y la “especialmente grave situación, en cuanto a ingresos, de las mujeres de mayor edad, que en muchos casos sobreviven con unas pensiones de viudedad congeladas en el 52% de la base de cotización de la pareja causante, que deberían haber progresado ya al 60% según esta aprobado por ley, pero que año tras año se postpone su aplicación con la excusa de la crisis. Y que sus pensiones en el sistema contributivo, cuando logran acceder a ellas, son de media casi un 38% inferiores a la de los hombres, debido a las “lagunas de cotización” por tener que dedicarse a tareas de cuidados familiares, junto a la mayor precariedad y más bajos salarios en el mercado laboral”, sostienen.

Los mayores finalizan su escrito a los diputados con las siguientes reivindicaciones:

  • Una Reforma Fiscal a la altura de las necesidades de nuestra sociedad y de su nivel económico, en la que prime un reparto más justo y equitativo de la riqueza generada y se acabe con la reducida aportación de las grandes fortunas y empresas multinacionales, que se encuentran prácticamente exentas de pagar impuestos, junto con medidas que erradiquen el fraude a la Hacienda pública y el cáncer extractivo que supone la corrupción.
  • La derogación de las reformas laborales que han posibilitado la precarización sin limites del empleo y la caída de los salarios, principales sustentos de los Sistemas Públicos de Proteccion Social.
  • La derogación plena de la reforma de las pensiones de 2013, recuperando el derecho al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y la no aplicación a las pensiones futuras del llamado “Factor de Sostenibilidad”, que supone una minoración inaceptable e indiscriminada de las mismas.
  • Que la Subcomisión del Pacto de Toledo realice con premura su trabajo y emita un dictamen que de soluciones a los problemas planteados, con medidas que garanticen la SOSTENIBILIDAD ACTUAL Y FUTURA DEL SISTEMA PUBLICO DE PENSIONES.