Las caras de alegría y satisfacción lo inundaban todo. Así estaban las de Andrés Cabrera, de la AV La Amistad de Canillejas, o la de Agustina Serrano, de la Plataforma San Blas-Simancas, o la de Ana Martínez, de la AV La Merced de Quintana. Y la de la mayor parte de los centenares de vecinos, muchos de ellos de San Blas-Canillejas y Ciudad Lineral, que no quisieron perderse la inauguración. No era para menos. La ciudadanía madrileña ha recuperado, para su disfrute, una auténtica joya arquitectónica y medio ambiental: la finca Quinta de Torre Arias.

La alcaldesa Manuela Carmena, la concejala de San Blas-Canillejas, Marta Gómez, y la delegada del Área de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, tomaron parte de una celebración en la que todo el protagonismo fue para el vecindario. La propia Carmena reconoció que el parque se “ha recuperado gracias a la presión de los vecinos”. Y gracias a ellos, que se organizaron en torno a la Plataforma Quinta Torre Arias, ayer pudimos recorrer buena parte de las 17 hectáreas de la zona verde y conocer sus 51 especies diferentes de árboles, sus huertas y sus edificaciones más peculiares. La finca, que data del XVI, alberga un palacio, varias cuadras, un matadero, dos invernaderos y diversas fuentes.

Desde ayer, cualquier persona puede visitar gratuitamente al menos la mitad de la superficie de la parcela todos los días de 10:00 a 17:30 salvo los lunes, que permanecerá cerrada. La entrada se encuentra en el número 551 de la calle Alcalá, muy cerca de la parada de Metro Suanzes y de otro parque extraordinario, la Quinta de los Molinos. Si se aprueba la actual propuesta de presupuestos municipales para 2017, el Ayuntamiento de Madrid destinará dos millones de euros para el “acondicionamiento y estanqueidad” de sus edificios y elementos más significativos.

Recordemos que la Quinta de Torre Arias pasó a manos del Consistorio en 2012, tras la muerte de su propietaria, Tatiana Pérez, condesa de Torre Arias, con la condición de que el espacio se empleara como parque público y para servicios a la ciudad. A cambio, se recalificaron varias hectáreas de terreno anexas a la finca para que pudieran ser aprovechadas para construir de viviendas y edificios de oficinas. Pero en enero de 2014, el Ayuntamiento de Gallardón anunció que la Universidad de Navarra, una institución educativa vinculada al Opus Dei, había solicitado al Ayuntamiento la cesión de parte de las instalaciones del lugar para ubicar una sede donde impartir posgrados a cambio de hacerse cargo de la rehabilitación de los edificios. A tal fin, mientras las asociaciones vecinales de San Blas-Canillejas y grupos en defensa del patrimonio se unían en una plataforma para exigir el uso público de los terrenos, el Gobierno municipal aprobó un Plan Especial para llevar a buen término una operación que incluía el derribo de varias edificaciones.

Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid comunicó la admisión a trámite de un recurso contencioso administrativo interpuesto por la FRAVM y la Asociación Vecinal La Amistad de Canillejas en nombre de la plataforma contra ese Plan Especial. De forma paralela, esta red ciudadana organizó recogidas de firmas, manifestaciones y otros actos destinados a sensibilizar a la ciudadanía y evitar la privatización del espacio.

Tras varios episodios judiciales, en los que el Ayuntamiento gobernado por el PP trató por todos los medios de continuar con su proyecto, el pasado 18 de marzo el tribunal emitió una sentencia que declaraba nulo el acuerdo del pleno municipal que aprobó el Plan Especial de Protección y Ordenación de la finca, dando la razón a la plataforma y enterrando de esta manera los planes de privatización parcial de la finca. Unos meses antes, la propia Universidad de Navarra renunció a su proyecto ante la presión vecinal.