La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) madrileña por el derecho a la vivienda y contra los cortes de suministros en hogares pobres enfila su última fase hasta el final de la recogida de firmas el próximo 26 de mayo. Con casi 40.000 signaturas  -de las 50.000 necesarias- ya recogidas, las organizaciones promotoras han lanzado un manifiesto de apoyo a la iniciativa para que en 2017 Madrid se convierta en una región donde el alquiler social, los suministros garantizados y la promoción de la vivienda pública sean una realidad contra los desahucios y los cortes de luz o agua. Individualidades, colectivos y asociaciones están llamados a apoyar con su firma a través de un formulario habilitado en este mismo sitio web  en la dirección http://www.ilpviviendamadrid.com/participa/queremos-adherirnos-entidad/

Frente a cifras de más de 4.700 solicitantes de vivienda pública por especial necesidad en 2016, la Comunidad sólo dispone de 163 alojamientos, con listas de espera que se alargan más de diez años. Necesitamos mejorar los niveles de disponibilidad de vivienda social para responder a la necesidad general, priorizando el uso frente a la especulación. Es necesario equiparar nuestro modelo a los estándares de nuestro entorno europeo: el 17% de las viviendas de Francia son públicas, y en Holanda, el 34 %”, dicen las organizaciones promotoras (Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), las asociaciones vecinales de la FRAVM y la Asociación Libre de Abogados) en el manifiesto hecho público hoy viernes, al que se han adherido ya varias organizaciones sociales y personalidades de los medios de comunicación y la cultura.

En palabras de Alejandra Jacinto (PAH), una de las portavoces de la campaña, “en esta última fase tendremos que dejar claro a los partidos políticos con representación en la Asamblea de Madrid que las medidas que proponemos son completamente posibles además de necesarias, y cuentan con un gran apoyo social”. Jacinto ha destacado que episodios como el desahucio inminente de 27 hogares en la localidad de Majadahonda el próximo lunes 24, “con la única alternativa del ayuntamiento del PP de una carpa y un alojamiento temporal de una semana” se evitarían con esta ley, que obligaría a la propiedad –en este caso, una inmobiliaria con una deuda de más de 600.000 euros con dicho consistorio- a ofrecer alquileres sociales en esas viviendas antes de proceder al desahucio. “La empresa pública de la vivienda de Majadahonda, una de las localidades con más renta per cápita de Europa, dejaría de ser conocida por su vinculación a las tramas de corrupción de la Gürtel y pasaría a ser conocida por convertir en realidad el derecho a la vivienda para la mayoría”, asegura la portavoz.