Recogiendo el sentir de la ciudadanía, profundamente asqueada por un mal, el de la corrupción política, que corre el riesgo de convertirse en endémico en nuestra comunidad, la entidad considera que la ex presidenta autonómica, hoy concejala en el Ayuntamiento de la capital, no puede continuar un minuto más en su puesto como representante de los ciudadanos. ¿Cómo una persona como ella, que gobernó nuestra comunidad autónoma con una pléyade de políticos hoy imputados y encarcelados por corrupción, va a ejercer adecuadamente las labores de control del Ejecutivo local de Madrid? ¿Qué ejemplo va a dar a la ciudadanía cuando ha propiciado durante años (con o sin conocimiento de causa) que las personas de su máxima confianza se lucrasen de manera irregular o facilitasen el lucro de terceros a costa de bienes y servicios que pagamos con nuestros impuestos los madrileños y madrileñas?

La propia concejala ha admitido esta mañana en sede judicial, al declarar como testigo en el marco del caso Gürtel, que su Gobierno pagó sobrecostes por actos institucionales. Sobrecostes que a veces, al parecer, retornaban a su partido político para financiarlo. Supuestamente, el partido que presidía se financió durante años con mordidas de este tipo, realizadas a empresarios amigos, pero esto es solo una gota en un océano en el que, por fin, han naufragado ex responsables políticos como Ignacio González, Francisco Granados o Alberto López Viejo, por citar solo tres de las manzanas podridas de su abundante cesto.

La FRAVM, que agrupa a 275 asociaciones vecinales de toda la región, entiende que la jefa de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid debe renunciar a su cargo municipal, pues aunque carezca de responsabilidades penales, tiene una clara responsabilidad política ante casos gravísimos que se han producido bajo su paraguas y que han supuesto un perjuicio incalculable para los ciudadanos. Casos como el del Canal de Isabel II, la Púnica, la Gürtel, la venta de viviendas del IVIMA a fondos buitre, el ERE de Telemadrid, el fiasco de la Línea 7B de Metro o la gestión irregular de determinados hospitales como el Infanta Leonor, el Hospital del Tajo o el Ramón y Cajal, descubierta hace unas semanas.

Foto: A. Minguito / Diagonal