“Se trata de un paso muy importante para que el agua, que es un derecho de todos, vuelva a ser gestionada de manera pública y transparente”, ha indicado Javier Espinosa, responsable de Medio Ambiente de la FRAVM tras el registro de una iniciativa que ha sido impulsada por la citada plataforma ciudadana. La portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, y el diputado del PSOE Diego Cruz han sido los encargados de inscribir el texto en la cámara regional para su posterior debate y votación. A partir de ahora, la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II (PCPCYII) y la FRAVM centrarán sus esfuerzos en convencer a Ciudadanos y al PP para que voten a favor de una proposición de ley que, como primera medida, establece la disolución de la empresa Canal de Isabel SA, antes Canal de Isabel Gestión, SA. De aprobarse la proposición, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid tendría un plazo de cuatro meses para modificar o derogar todas las leyes regionales afectadas y hacer efectivo el proyecto de nuevo modelo de gestión que recoge la nueva norma. Así, quedarían eliminados el artículo 16 de Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas y el artículo 5 de la Ley 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, que permitieron la privatización.

Tras la presentación en el día de ayer de una querella criminal contra 13 ex altos cargos del Gobierno regional, políticos del PP y empresarios relacionados con la Operación Lezo, que trata de dirimir todas las responsables penales del caso, la iniciativa de esta mañana busca blindar el Canal como empresa pública y evitar así tentaciones de externalización.

Además, tal y como puede leerse en la exposición de motivos de la proposición de ley, “dada la transversalidad del ciclo integral del agua, así como el carácter de operador público único, en el nuevo modelo de gestión contemplado en la Ley se pretende la participación y el diálogo social, la creación de vínculos y sinergias entre las administraciones públicas con responsabilidades en la gestión del ciclo, rigiéndose la interlocución por los principios de colaboración, solidaridad, buenas prácticas y beneficio mutuo. Para ello es imprescindible potenciar la coordinación con los distintos municipios, así como la presencia e integración de los trabajadores, organizaciones sindicales y sociales en la nueva orientación de la empresa. Se trata, en definitiva, de facilitar y sentar las bases para un modelo de gestión que ofrezca y asegure a los ciudadanos un servicio acorde con los principios de acceso universal, no discriminación, igualdad sustantiva, disponibilidad, calidad, aceptabilidad, accesibilidad y asequibilidad”, sostiene la norma.

La ley propuesta contiene únicamente dos artículos. El primero recoge las modificaciones de la Ley 17/1984 de 20 de diciembre reguladora del abastecimiento y saneamiento de agua en la Comunidad de Madrid, necesarias para la reversión al modelo de gestión cien por cien pública del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid. Mediante la nueva redacción de su artículo 8 “se materializa una gestión democrática y participativa a través de una nueva composición del Consejo de Administración del que formarán parte representantes de los trabajadores y de las organizaciones sociales, y la creación del Observatorio del Agua”.

El artículo dos recoge la modificación parcial de la Ley 1/1984, de 19 de enero, Reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid, que consiste simplemente en añadir un nuevo apartado 3 al artículo 63, actualizándola para hacer una referencia necesaria a la aplicabilidad de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno a la entidad pública Canal de Isabel II y sociedades dependientes, en su caso.