De ejecutarse tal y como ha sido concebida en el proyecto Madrid Nuevo Norte, la Operación Chamartín modificará la vida de decenas de miles de personas, no solo de la capital sino de otros municipios vecinos como Tres Cantos, Alcobendas o San Sebastián de los Reyes. Pero, a pesar de su trascendencia para la región, muy pocos conocen sus detalles y los acuerdos a los que han llegado administraciones públicas y promotores privados en 25 años de negociaciones. Tan pocos, que se reducen a un puñado de representantes de estas entidades, que no son otras que Adif, el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de Madrid y el consorcio Distrito Castellana Norte (DCN), formado por el banco BBVA y la constructora San José. Son estas entidades las que, al margen de la ciudadanía y de las organizaciones sociales y vecinales, de manera absolutamente opaca, han desarrollado un proyecto que acaba de abrazar, de manera acrítica, el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez.

Aunque nos traten de “vender” lo contrario, la realidad es que muchas personas y entidades, empezando por los colectivos vecinales del ámbito afectado por la operación, tienen grandes dudas sobre una iniciativa que parece diseñada exclusivamente para favorecer los intereses especulativos de DCN, que no en vano posee los derechos urbanísticos, a pesar de que el 82% de los terrenos son de titularidad pública. Por eso, con objeto de resolver esas dudas y aportar luz sobre el proceso, la Plataforma Zona Norte (que agrupa a la mayoría de las asociaciones de barrio afectadas por el plan), la FRAVM, Ecologistas en Acción y el Instituto para la Democracia y el Municipalismo, solicitaron hace más de un mes a Adif la documentación relativa al proyecto urbanístico desde su inicio. Entre el material requerido se encuentran convenios, contratos, acuerdos, adjudicaciones de derechos urbanísticos y sus prórrogas, informes emitidos o encargados por Renfe y Adif, sobre la viabilidad de la operación y sobre el cumplimiento de las condiciones de la adjudicación, etc.

A día de hoy, Adif no ha aportado ningún tipo de documentación y solo se ha limitado a trasladar a DCN las consultas de tres asociaciones vecinales para conocer su parecer. Por ello, y ante una posible omisión de información pública, las citadas organizaciones han decidido presentar una queja al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un hecho que tendrá lugar mañana en la sede de esta institución, sita en el número 2 de la calle José Abascal de Madrid. Antes de registrar sus quejas, a las 10:30, representantes de la Plataforma Zona Norte, la FRAVM, Ecologistas en Acción y el Instituto para la Democracia y el Municipalismo atenderán a los medios de comunicación ante las puertas de acceso del Consejo.

A juicio de estos colectivos, la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno obliga a difundir el material requerido, máxime cuando la entidad propietaria de la mayor parte los terrenos de la operación es pública y está en juego el futuro de una parte importante de la ciudad de Madrid. En consecuencia, es inexcusable, desde la defensa del interés general y la buena administración pública, el acceso a toda la documentación y antecedentes de este caso. Resulta injustificable que documentos como el de adjudicación de la concesión (1994) y su posterior adecuación (1997), los cuales constituyen compromisos legalmente vinculantes, se intenten sustraer al escrutinio público.