Tras la difusión en los medios de comunicación de ciertos datos de un documento de trabajo de la comisión de la FRAVM encargada de esta problemática, la Delegada del Gobierno se reunió el pasado lunes con la Fiscalía de Madrid para buscar soluciones, y ambas instituciones acordaron agilizar los procedimientos de desahucio de las “usurpaciones ilegales de vivienda”.

La nota que la Delegación de Gobierno de Madrid hizo pública tras el encuentro con la Fiscalía recogía ubicaciones donde se están dando problemas muy graves de origen mafioso, y si esto significa que las administraciones por fin van a actuar con diligencia, racionalidad y proporcionalidad para resolverlos, no podemos sino felicitarnos por el paso. Pero eso implica hacer las cosas con planificación, equidad, sin improvisación y con mesura, teniendo muy presente que estamos ante una problemática de seguridad y convivencia y no de ocupaciones ilegales de viviendas vacías.

En ningún momento hemos reclamado que se actúe contra las ocupaciones en general, contra las ocupaciones de espacios autogestionados o contra aquellas personas y familias que se ven obligadas a ocupar por cuestiones de necesidad económica. De hecho, es práctica habitual en algunos barrios que las asociaciones vecinales medien con instituciones como la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad para lograr la regularización de familias que residen en inmuebles ocupados con objeto de que permanezcan en el barrio y no sean desahuciadas, perdiendo de esta manera su arraigo.Desde su origen, hace más de 40 años, la FRAVM se ha mostrado solidaria con estas prácticas, logrando, en ocasiones, como en el caso de los inmuebles ocupados del Gran San Blas en los años noventa, la regularización de miles de familias.

Siempre hemos insistido en que el Derecho a una vivienda digna, que recoge la Constitución Española, debe prevalecer sobre otros derechos como el de la propiedad, con objeto de que ninguna familia se quede en la calle. Un derecho que hoy se actualiza en las llamadas “5 de laPAH”, un sencillo y básico guión que nuestros gobernantes deberían hoy aplicar. Hay que recordar que la FRAVM se dejó la piel para poner en marcha la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en la región madrileña.

Por otra parte, frente al abandono de inmuebles fruto de la especulación inmobiliaria, la Federación vecinal ha defendido en diversas ocasiones su uso social y alternativo por parte de colectivos de barrio que, a través de su ocupación, los han recuperado. El Patio Maravillas, La Traba, Seco, Montamarta, Casablanca son solo algunos ejemplos que han contado con el apoyo de la FRAVM en su lucha por su permanencia y reconocimiento en la ciudad.

De este modo, ante las noticias que proceden de la Fiscalía y Delegación de Gobierno, la FRAVM estará vigilante para evitar que, con la escusa de actuar contra las mafias, se criminalice y arremeta contra todo tipo de ocupación.

Actuar contra las mafias

Y es que nuestra denuncia siempre se ha dirigido contra las prácticas mafiosas que en algunas zonas de barrios como el Ensanche de Vallecas, Entrevías, Colonia Diego Velázquez, Comillas, la UVA de Hortaleza, Villaverde Bajo o San Cristóbal de los Ángeles están provocando un deterioro enorme de la convivencia, generando miedo e incluso el abandono de algunos vecinos. No podemos consentir que nuestros barrios se sigan degradando. Con este espíritu, asociaciones vecinales de los territorios afectados llevan meses reuniéndose de manera regular para afrontar la problemática de manera colectiva. La presión de sus vecindarios es enorme. Ya no pueden más. Las autoridades, y también los medios, lo saben desde hace mucho tiempo. Pero nadie ha hecho nada para frenar este deterioro. Y ya es hora.

Basta leer el siguiente testimonio de vecinos afectados del Ensanche de Vallecas para hacerse una idea de la dimensión del problema: “en 2014 llegaron bandas que se metían en muchas viviendas a la vez y empezaron a hacer negocio con ellas, alquilándoselas a otras familias o a sus propios familiares. Estas bandas no venían por necesidad, con intención de convivir, de tener buena relación de vecindad, al contrario. Desde el primer día empezaron a intimidarnos, a ensuciar las zonas comunes de los edificios, a romper los cristales de los portales, los buzones, los porteros automáticos, los ascensores, a robar los extintores, a destrozar los garajes y un largo etcétera de actos vandálicos. Se apropiaron del espacio común e impusieron su ley. Ya no pudimos descansar por la noche en verano porque montan fiestas hasta altas horas de la noche, tuvimos que sacar nuestros coches del garaje porque nos los destrozan, dejamos de tener limpieza en los espacios comunes y todo fue progresivamente a peor”. “Cuando intentamos evitar que ocupasen nuevas viviendas nos amenazaron con palos, cuchillos e incluso pistolas. Desde entonces la relación es insoportable. Nos insultan cuando nos ven, ya no podemos dejar a nuestros hijos que bajen a jugar a las zonas comunes porque les pegan e intimidan. No nos atrevemos a recibir a la prensa en nuestras casas para denunciar nuestra situación porque cuando lo hemos hecho nuestros buzones han aparecido arrancados, han defecado en la puerta de nuestras casas, nos han apedreado y hasta amenazado de muerte”.

Si las autoridades optan finalmente por desalojar inmuebles que son “gestionados” por este tipo de grupos criminales, los desahucios nunca deberían ejecutarse sin garantizar una alternativa habitacional a sus moradores. Los hogares que más lo necesitan no pueden pagar las consecuencias de los que se lucran de su extrema necesidad, arrojándoles a la calle sin alternativas dignas. Se deben planificar sus realojos, unos realojos, además, que deberían realizarse de manera dispersa, en altura y con un seguimiento social adecuado para cada familia, ya que de otro modo lo único que lograríamos es crear un nuevo gueto, trasladando de ubicación el problema, sin solucionarlo.

Respecto a las personas y grupos que están haciendo negocio con los pisos vacíos en esas zonas, y que además extorsionan, agreden físicamente y amenazan, amedrentan, causan destrozos y todo tipo de molestias al vecindario, no podemos consentir que sigan actuando de esta forma en ningún barrio.

El actual parque de vivienda pública en la región es manifiestamente insuficiente para atender una demanda que no ha cesado de aumentar con el desarrollo de la crisis. En vez de dilapidarlo, como hicieron los anteriores gobiernos regional y local con la enajenación de promociones del IVIMA y la EMVS a fondos buitre, un hecho que se encuentra en el origen de la proliferación de algunos grupos mafiosos (es el caso de bloques de Encasa Cibeles en el Ensanche de Vallecas), urge ampliarlo. Pero no solo. Es fundamental que se agilicen los procesos de adjudicación de las viviendas públicas disponibles y vacías para, entre otras cosas, evitar que esos grupos hagan negocio con ellas. La lista de la Agencia de la Vivienda Social de familias que ha demandado una vivienda de emergencia social es hoy kilométrica.

Siempre hemos defendido la vivienda como un derecho y un bien universal y no como un negocio, y lo seguiremos haciendo, a la par que defendemos y construimos barrios tolerantes, abiertos, inclusivos y plurales, como lo es hoy nuestra sociedad. Barrios libres de prácticas que destrozan la convivencia y la cohesión social.