Las y los afectados, que representan a decenas de personas con el mismo problema, solicitó la anulación de las multas recibidas por la entrada de sus vehículos a su distrito durante el pasado verano, a pesar de que tenían en vigor sus permisos como residentes de las Áreas de Prioridad Residencial (APR) anteriores a Madrid Central. Las sanciones alcanzan los 100.000 euros.

En los últimos meses, han acudido 75 vecinos y vecinas a la citada asociación vecinal informando de multas fechadas desde julio de 2019. Cuatro de estos denunciaron el miércoles en la rueda de prensa que no fueron informados adecuadamente por parte del Ayuntamiento. El Consistorio revocó los permisos de las Áreas de Prioridad Residencial, una medida que luego apareció publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). Las y los vecinos afectados no fueron informados de ninguna otra manera. “El problema es que nadie lee el Boletín Oficial” informó uno de los damnificados.

Los cuatro comparecientes han recibido desde nueve hasta 44 multas. Otros vecinos, en cambio, fueron sancionados con 33 multas estipuladas en 3.150€, algo que conocieron tres meses después, tras recibir las notificaciones preceptivas. Manolo Osuna, portavoz de la Asociación Vecinal de La Corrala, explicó que algunos residentes tenían las cuentas embargadas por este motivo. “Me siento indignada” esclareció una vecina ante esta situación.

Antes de denunciar su caso ante los medios, las personas afectadas mantuvieron contactos infructuosos con el Ayuntamiento y la Junta de Distrito de Centro. Tras pedir en vano una reunión con el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, fueron recibidas por personal de su equipo, que no les ofreció solución alguna. “Nos harían un favor si fueseis a los tribunales” fue su respuesta. Los y las residentes defendieron ayer la vía política y no la vía judicial a este problema administrativo reclamando la anulación de las multas, como ya hizo el equipo de Gobierno anterior con muchas de las sanciones de la APR de Ópera.

Tras la rueda de prensa, según recoge El Mundo, el alcalde José Luís Martínez-Almeida confirmó que la Corporación Municipal estará “arbitrando todos los medios necesarios” para “retirar todas las multas injustas que no estén debidamente amparadas por la normativa”.