Problemas como los 20 desahucios que se producen al día en la región, las interminables listas de espera para acceder a una vivienda de emergencia social que acumulan organismos como la Agencia de la Vivienda Social o la EMVS, el drama que sufren los damnificados por la venta de vivienda pública a fondos buitre o el incremento descontrolado de los precios del alquiler y de la vivienda usada de los últimos meses.
Problemas para los que las tres entidades tienen una solución en forma de texto legal: la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por una “Ley urgente que garantice el derecho a la vivienda en la Comunidad de Madrid” que promueven desde hace más de diez meses y que en 77 días suscribieron casi 76.773 madrileños y madrileñas con su firma. Desde el pasado 26 de mayo, esas adhesiones descansan en la Asamblea de Madrid, como pasaporte imprescindible para que la ILP pueda ser votada en la Cámara. En este marco, sus promotores entregarán mañana a todos y cada uno de los diputados y diputadas regionales una carta en la que, “apelando a su responsabilidad y compromiso social”, solicitan “su apoyo para la toma en consideración de esta Iniciativa Legislativa Popular que desemboque rápidamente en la aprobación de una Ley que garantice el acceso a una vivienda digna para todos los sectores de la población”. Además, esperan que en el marco del debate se posicionen a favor de la ILP e inviten al Gobierno regional a poner en marcha actuaciones que se incluyen en la propuesta legislativa.
En la misiva, cuyo contenido íntegro se dará a conocer mañana a los medios de comunicación que así lo soliciten, la Coordinadora de Vivienda, ALA y la FRAVM recuerdan también a los representantes políticos que el pasado 4 de julio, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas emitió un dictamen de condena contra el Estado español por la vulneración del Derecho a la Vivienda de una familia madrileña, ya que fue desalojada tras la extinción de un contrato de alquiler sin que los poderes públicos facilitasen alternativa habitacional alguna.
El dictamen, muy en la línea de la ILP de los colectivos sociales, recoge una serie de recomendaciones que pasan porque todas las instituciones con competencias en materia de vivienda realicen los cambios necesarios a fin de proteger este derecho humano como parte del derecho a un nivel de vida adecuado. Recordemos que la ILP nace para prohibir que cualquier madrileño o madrileña se quede en la calle sin alternativa habitacional y sin suministros básicos, blindando la vivienda pública y castigando los usos antisociales de la vivienda que hacen los grandes tenedores.
Además de las casi 77.000 firmas de ciudadanos, diversas juntas de distrito de Madrid y ayuntamientos como Aranjuez, Parla, Valdemoro, San Fernando de Henares, Leganés y Móstoles, entre otros, ya han aprobado mociones de apoyo a la iniciativa ciudadana. Además, más de cien entidades sociales colaboran con el grupo promotor para que la ILP sea una realidad en forma de norma autonómica.
