En este marco, los científicos firmantes de la misiva consideran que la expansión de la 5G atenta contra el Principio de precaución reconocido por la Unión Europea y que puede incumplir el código de ética médica de Núremberg. Asimismo resaltan que la Agencia Europea del Medio Ambiente lleva tiempo alertando sobre los riesgos de la radiación de los dispositivos inalámbricos de uso cotidiano. Mencionan efectos de los CEM-RF que “incluyen aumento del riesgo de cáncer, estrés celular, aumento de los radicales libres dañinos, daños genéticos, cambios estructurales y funcionales del sistema reproductivo, déficit de aprendizaje y memoria, trastornos neurológicos e impactos negativos en el bienestar general de los seres humanos”. Algo que no afecta solo a los humanos “ya que hay evidencia creciente de efectos nocivos tanto para los animales  como para las plantas.”

Los firmantes instan a la Unión Europea a detener la expansión de las redes 5G, aplicar las recomendaciones de la Resolución 1815 del Consejo de Europa a sus Estados miembro para tomar “todas las medidas razonables para reducir la exposición a los campos electromagnéticos, especialmente a las radiofrecuencias” (reducir los límites legales de exposición, favorecer  telecomunicaciones a través de cable sobre las inalámbricas, informar acerca de los riesgos para la población en general así como en los ámbitos de la salud y la enseñanza…), crear un grupo de trabajo de científicos independientes para evaluar los riesgos en base al conocimiento científico actual; y evitar que la influencia de los lobbies de la industria determine las decisiones de las instituciones europeas.

La Plataforma Estatal Contra La Contaminación Electromagnética (PECCEM), de la que forma parte la FRAVM, y la asociación Electro Químico Sensibles por el Derecho a la Salud (EQSDS), apoyan el nuevo llamamiento de científicos expertos en bioelectromagnetismo dirigido a la Comisión Europea y solicitan a las instituciones crear los cauces de participación necesarios para atender a las alegaciones que realizaron en los diferentes procesos consultivos para la implantación de la 5G, tanto a nivel europeo como estatal.

Con la llegada de la 5G se prevé que la creación de entre 10.000 y 20.000 millones de nuevas conexiones. Los firmantes del llamamiento alertan de que con este incremento de fuentes de emisión “nadie va a poder evitar la exposición”. Instituciones europeas como el Parlamento Europeo (2009), el Consejo de Europa (2011) y la sección TEN del Comité Económico y Social Europeo (2015) ya han solicitado una “protección adecuada e igualdad de oportunidades” a las personas electrosensibles o “medidas especiales” que faciliten su acceso a los espacios públicos e incluso al interior de sus propios hogares. La asociación EQSDS denuncia que ahora con la 5G empeorará su estado de salud y que aumentará su nivel de exclusión social.

EQSDS y la PECCEM remarcan que los científicos y médicos aseveran que un aumento adicional en los niveles de contaminación electromagnética por las redes 5G supondrá un incremento de enfermedades y problemas de salud relacionados con los campos electromagnéticos y que es preciso tomar medidas urgentes para proteger el medioambiente y la salud de los ciudadanos europeos.