Montse González, portavoz de la asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA (AVVI) responde de esta manera a un informe de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid que desaconseja anular las operaciones de enajenación de vivienda pública que tuvieron lugar en 2013 y que fue dado a conocer ayer por el diario El Independiente. Según el organismo regional, las actuaciones del Gobierno presidido por Ignacio González, que vendió 2.935 pisos del IVIMA a Goldman Sachs-Azora, y del Ayuntamiento de Madrid de Ana Botella, que en la misma época hizo lo propio con 1.860 casas de la EMVS a Fidere-Blackstone, se ajustaron a derecho, de tal forma que no ha lugar a nulidad y mucho menos a aplicar retroactividad alguna para proteger a las familias y sus hogares. Hacerlo, según la Comunidad de Madrid, podría vulnerar la “libertad de empresa” y suscitar “iniquidades que a buen seguro se hubieran querido reparar”.
Con este documento el Ejecutivo de Cristina Cifuentes vuelve a ignorar el enorme daño causado a las 4.800 familias afectadas, mostrando una gravísima falta de sensibilidad para con estos ciudadanos y ciudadanas, algo que no ha sorprendido a AVVI. “Ya que la Comunidad de Madrid reiteradamente ha defendido a capa y espada que la venta es legal y que no ha intentado lucrarse o hacer negocio con la vivienda pública, debería ser más coherente con sus palabras y presentar pruebas y poner de su voluntad para demostrarlo, por ejemplo, colaborando con la Justicia o al menos no entorpeciendo su acción”, indican los damnificados, asegurando que “es muy atrevido por parte de la Comunidad de Madrid anticiparse a afirmar que la venta ha sido legal”.
Recordemos que tanto la Comunidad de Madrid como el Ministerio de Hacienda han jugado desde el primer momento a dilatar al máximo el proceso de la instrucción que actualmente desarrolla el Juzgado Nº 48 de Madrid sobre la operación de venta de viviendas del IVIMA, bloqueando la entrega de informes o la cesión de peritos, hasta el punto de que en julio la instrucción estuvo a punto de cerrarse en falso si no llega a ser por la petición de una prórroga de la fiscalía.
“El Gobierno regional no debería entorpecer a la Justicia ni consentir o mirar hacia otro lado cuando se menciona que los fondos buitre se dedican a hacer mobbing inmobiliario a los inquilinos, porque tal y como está actuando hasta ahora parece dar a entender lo contrario; como dice el buen refranero español: Quien algo teme, algo debe. En fin, prefiero dejar en criterio de los jueces si se ha producido o no saqueamiento de vivienda y caudales públicos”, insiste Montse González, antes de recordar que en estos momentos decenas de familias corren el riesgo de ser expulsadas de sus hogares por Encasa Cibeles, que hoy gestiona los pisos enajenados por el IVIMA, al concluir sus contratos de arrendamiento.
Para alertar de esta situación y reclamar la reversión de la venta de sus viviendas, AVVI y la FRAVM se concentraron en la calle hasta en cinco ocasiones antes del verano, y han conseguido el apoyo en su lucha de numerosas organizaciones sociales, partidos políticos y municipios de la región, incluido el dirigido por Manuela Carmena.
“Somos muchos afectados y perjudicados en esta venta de vivienda pública,que, paradójicamente, al tener el calificativo de pública no es ni gratuita ni regalada, ya que tenemos que hacer frente a nuestras mensualidades, mes a mes, como cualquier usuario de vivienda privada que no ha sido financiada por organismos públicos y con el dinero de todos los ciudadanos. Y si queremos optar a la compra, tenemos que pagar igual que cualquier persona que desea tener una casa, un lugar donde vivir y tener una vida digna. Las casas del IVIMA no son regaladas, se pagan”, aclara AVVI.
“Desde que se produjo la venta hemos llevado una lucha continua tanto en la calle como en los juzgados y a través de diferentes organismos públicos para que se nos reconozca nuestro derecho a vivir en nuestras casas. Hemos sufrido la continua discriminación de ser usuarios de vivienda pública al restar importancia al problema y las consecuencias que acarrea su venta. Se nos está ninguneando y privando de uno de los derechos más importantes que aparece en la Constitución, el derecho a una vivienda digna, que se ha usado únicamente para que unos pocos hagan negocio y se hinchen los bolsillos”, concluye con amargura la portavoz de la asociación.
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