Con objeto de arrancar compromisos a las administraciones antes de las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo, los afectados por la presunta estafa de los desarrollos del Sureste redoblan en estos momentos sus esfuerzos con todo tipo de acciones de protesta. La última, que se desarrolla en estos momentos, una acampada en la Cuesta de Moyano, en pleno centro turístico de la capital. Unas veinte personas resisten desde el 1 de mayo las inclemencias del tiempo y las invitaciones de la policía a desalojar el lugar con la determinación de seguir hasta obtener una solución a un problema que viene de lejos. La Asociación de Afectados del Sureste (ACAS) anima a las familias estafadas a sumarse a la acampada en estos días, convencida de que “la lucha común nos hace más fuertes”. A tal fin, ha convocado para el próximo 8 de mayo a las 14h en la Cuesta de Moyano la “fiesta del tapper”, un “momento para demostrar las habilidades en la cocina y para compartir entre todos”.

Los cooperativistas plantaron sus esterillas y sacos de dormir horas después de una nueva manifestación que reunió a centenares de afectados en las calles de Madrid. La marcha partió a las 17h30 de la plaza de Alonso Martínez y tuvo su primera parada en el Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos del Ayuntamiento de Madrid. Allí, los manifestantes reclamaron al Consistorio que agilice la licencia de simultaneidad que les permitirá construir mientras concluyen las obras de urbanización, que “reconozca los avales dispuestos por las cooperativas de El Cañaveral y que también reconozca las licencias de construcción presentadas para agilizar al máximo la concesión de dichas licencias”, según indica Ángel Alberto Montero, presidente de ACAS. Además, ante la delegación municipal los afectados criticaron el llamado Acuerdo Marco con El Cañaveral, Los Ahijones, Los Berrocales y Los Cerros, ya que “no nos sirve para nada y es una mera cortina de humo intentando tapar toda nuestra estafa” en palabras de Montero. Junto a la citada simultaneidad, los cooperativistas demandan las viviendas públicas “de VPPL y VPPB que posee el Ayuntamiento de Madrid en el sector de El Cañaveral, y otros sectores y desarrollos de Madrid como adjudicatarios finales para que sean puestas a disposición de los afectados por las estafas de las Gestoras de Cooperativas de Ofigevi y Gespozuelo”.

Hace 14 años, miles de familias, futuros vecinos de los citados barrios, invirtieron gran parte de sus ahorros en unas viviendas que aún no han visto un solo ladrillo. Según ACAS, en estos años cada hogar ha desembolsado entre 40.000 y 70.000 euros de media. Dinero que, hasta ahora, sólo ha servido para enriquecer a algunas gestoras sin escrúpulos como Ofigevi y Gespozuelo, en cuya cabeza se sitúan Miguel Torralbo y sus hijos Amanda y Rafael Torralbo, empresarios que han sido denunciados por los cooperativistas. La marcha del sábado finalizó frente al Ministerio de Justicia, donde los afectados demandaron que se aceleren los trámites de las querellas interpuestas, el cambio del fiscal que lleva el caso y que se investigue “a todas las cooperativas y gestoras de cooperativas que siguen operando clandestinamente” en los desarrollos del Sureste de Madrid perpetuando una estafa”, asegura ACAS .