La manifestación del sábado, promovida por la Asociación de Cooperativistas Afectados del Sureste de Madrid (ACAS), partirá a las 17h30 de la plaza de Alonso Martínez con dirección al Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos del Ayuntamiento de Madrid, que está situada en el número 10 de la calle Mejía Lequerica. Allí, los manifestantes reclamarán al Consistorio que agilice la licencia de simultaneidad que les permitirá construir mientras concluyen las obras de urbanización, que “reconozca los avales dispuestos por las cooperativas de El Cañaveral y que también reconozca las licencias de construcción presentadas para agilizar al máximo la concesión de dichas licencias”, según indica Ángel Alberto Montero, presidente de ACAS. Además, ante la delegación municipal los afectados criticarán el llamado Acuerdo Marco con El Cañaveral, Los Ahijones, Los Berrocales y Los Cerros, ya que “no nos sirve para nada y es una mera cortina de humo intentando tapar toda nuestra estafa” en palabras de Montero. Junto a la citada simultaneidad, los cooperativistas demandan las viviendas públicas “de VPPL y VPPB que posee el Ayuntamiento de Madrid en el sector de El Cañaveral, y otros sectores y desarrollos de Madrid como adjudicatarios finales para que sean puestas a disposición de los afectados por las estafas de las Gestoras de Cooperativas de Ofigevi y Gespozuelo”.

Recordemos que hace 14 años, miles de familias, futuros vecinos de los citados barrios, invirtieron gran parte de sus ahorros en unas viviendas que aún no han visto un solo ladrillo. Según ACAS, en estos años cada hogar ha desembolsado entre 40.000 y 70.000 euros de media. Dinero que, hasta ahora, sólo ha servido para enriquecer a algunas gestoras sin escrúpulos como Ofigevi y Gespozuelo, en cuya cabeza se sitúan Miguel Torralbo y sus hijos Amanda y Rafael Torralbo, empresarios que han sido denunciados por los cooperativistas. Precisamente la marcha del sábado finalizará frente al Ministerio de Justicia para reclamar que se aceleren los trámites de las querellas interpuestas, el cambio del fiscal que lleva el caso y que se investigue “a todas las cooperativas y gestoras de cooperativas que siguen operando clandestinamente” en los desarrollos del Sureste de Madrid perpetuando una estafa”, asegura ACAS .

Pero los afectados no sólo piden “mano dura” de las administraciones y los tribunales contra las gestoras implicadas, sino también contra la “compañía de seguros HCC Europe, que no ha cumplido con su obligación al hacer un seguro distinto al exigido por la ley”, así como contra diversos bancos y cajas de ahorro (CCM, Banco Gallego, Caja España,…), “por no comprobar, como establece la normativa, que el seguro de nuestras cooperativas fuera el obligatorio que establece la ley 57/1968”.