Lo hizo consciente de la dificultad, en algunos casos la incapacidad, de muchas familias para hacer frente a los recibos de la luz, cuyo incremento entre 2007 y 2013 se cifró en un 76%, justo en el momento en que el promedio de los ingresos familiares disminuyeron consecuencia de la crisis, provocando progresivamente la conocida como pobreza energética.

Y cuando hablamos de pobreza energética desde el movimiento vecinal, hablamos de las situaciones desesperadas que viven hoy en día miles de ciudadanos y ciudadanas y que provocan que durante este invierno estemos soportando los efectos más graves de esta situación.

El Gobierno central, sin embargo, lejos de plantear medidas para subsanar el problema, ignora las directivas europeas en las que se determina que “los Estados miembros podrán imponer a las eléctricas, en aras del interés económico general, obligaciones de servicio público” (Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2003).

Tras constatar la especial gravedad de la problemática, la CEAV considera que el sector energético español debe someterse a una legislación acorde con la situación socioeconómica del país, para lo cual se hace necesaria una nueva ley que lo regule, razón por la que la Declaración de Oviedo impulsa la puesta en marcha de las siguientes iniciativas:

1. La convocatoria en los territorios de encuentros y reuniones entre el movimiento vecinal y los agentes sociales y entidades que trabajan en torno al control público de la energía para debatir y, en su caso, apoyar, esa Declaración de Oviedo impulsada por CEAV.

2. Plantear acciones de movilización y reivindicación con el objetivo de recuperar el control público de la energía en estos momentos en manos de las empresas eléctricas.

3. Impulsar de manera unitaria desde esos encuentros y reuniones con la sociedad civil la propuesta de una INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR que tenga por objeto la modificación de la actual ley enfocándola hacia el “CONTROL Y GESTIÓN PÚBLICA DEL SECTOR ENERGÉTICO”, sometiendo el mismo a un riguroso control por parte del Estado.