Las asociaciones vecinales de Leganés protestan por las continuas trabas del Ayuntamiento a la participación ciudadana

El pasado 20 de febrero, la Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés (FLAVL) trasladó a la directiva de la FRAVM en una reunión celebrada en la localidad su profundo malestar por el ninguneo al que, de un tiempo a esta parte, el equipo de Gobierno municipal somete a estas entidades. Especialmente preocupante es la actitud del Consistorio en materia de participación ciudadana, donde la federación local llega a hablar de “acoso reiterado y permanente al que las asociaciones son sometidas por el grupo de Gobierno actual (PSOE)”.

Las asociaciones vecinales de Leganés protestan por las continuas trabas del Ayuntamiento a la participación ciudadana
Reunión de la FRAVM con la Fed. Local de AAVV de Leganés

En este campo, los colectivos de barrio de Leganés se quejan de cuestiones como la falta de acuerdo en la redacción del nuevo reglamento de participación ciudadana, la ausencia de convocatorias en las juntas de distrito de Zarzaquemada y San Nicasio o la falta de respuesta del alcalde a peticiones de reunión realizadas por algunas asociaciones. Además, varias entidades siguen sin local en el que reunirse o el que tienen no posee las condiciones adecuadas para realizar actividades. Haciendo suyas las demandas de su federación hermana, la FRAVM solicita al alcalde y a su equipo un cambio de actitud, con objeto de que escuche y atienda las propuestas de las asociaciones vecinales, agrupaciones que actuamos como portavoces de las necesidades de las personas y los barrios.

La federación local subraya que, más allá de la relación que mantiene con la alcaldía, el Ayuntamiento tampoco atiende necesidades básicas del vecindario, como el muy demandado pedal para los nuevos contenedores de basura de carga lateral. “Hay muchos vecinos, con movilidad reducida o mayores, que no pueden echar las bolsas de basura en los cubos, lo que está originando, incluso, el incremento de ratas en los barrios”, denuncian los colectivos de Leganés, antes de recordar que el coste de instalar el pedal se estima en unos 50.000 €, 1.000 € menos de lo que cobra al año un director general del Ayuntamiento.

La FLAVL recuerda también que Leganés es el municipio que menos invierte en Servicios Sociales de toda España, según un estudio realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, y que algunos barrios están pendientes de la ejecución de inversiones muy necesarias y demandadas por los habitantes.

Se refiere a equipamientos como la Biblioteca Central y el Centro Cultural de Leganés Norte, que “siguen sin terminar y en peor situación que cuando se inició el actual mandato municipal”. O como el centro deportivo Manuel Cadenas, pendiente de reformas que nunca terminan; o la piscina Solagua, que desde su cierre se ha transformado en un solar con escombros. Las asociaciones reclaman desde hace años su reapertura. Además, los barrios de Vereda de los Estudiantes y Arroyo Culebro necesitan centros culturales y en esta legislatura el Consistorio no ha iniciado ninguno.

“Nuestras demandas para los vecinos nunca son atendidas, pero este equipo de Gobierno no tiene ningún reparo en apoyar a otros grupos sociales no reivindicativos”, se queja la FLAVL, antes de poner el siguiente ejemplo: “el Ayuntamiento ha asignado este año a las casas regionales, que tienen locales municipales, 20.000 € a cada una”.

Por todo lo anterior, la FRAVM denuncia, junto a la FLAVL, la desatención del Gobierno municipal a los vecinos y a sus asociaciones vecinales, reiterando su petición de un cambio de rumbo.

En el encuentro entre las dos federaciones, al que asistieron representantes de las asociaciones vecinales de Barrio Centro, Vereda, Arroyo Culebro, Leganés Norte, Zarzaquemada y San Nicasio, también se abordaron otros temas que preocupan a los vecinos y vecinas como la rehabilitación de edificios, viviendas y su accesibilidad (ascensores, rampas), los centros educativos públicos, el medio ambiente, la accesibilidad en los transportes públicos y los problemas derivados del alquiler de viviendas gestionadas por fondos buitre.

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