La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) ha presentado esta mañana sus alegaciones al proyecto de Presupuesto general del Ayuntamiento de Madrid para 2007. En el documento, la organización denuncia que el Ayuntamiento no ha arbitrado mecanismo alguno, ni en los consejos territoriales de los distritos ni en los plenos extraordinarios de las juntas municipales, para favorecer la implicación responsable de la ciudadanía y la efectiva participación ciudadana en el debate presupuestario. En este sentido, las asociaciones de vecinos, que no han podido intervenir en los plenos extraordinarios que vieron los presupuestos distritales, tampoco han tenido acceso a la información previa al respecto.

El proceso de participación de la Agenda 21 (art. 57 del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana) y las acciones prioritarias seleccionadas en los distritos se ven frustradas en gran medida puesto que se recogen presupuestariamente sólo un puñado de esas acciones. En Hortaleza, por ejemplo, de 277 acciones prioritarias se recogen apenas 17 que ni siquiera se van a ejecutar en 2007.

Recogiendo una histórica reivindicación del movimiento vecinal, la FRAVM propone al Ayuntamiento que, en los tres o cuatro meses previos a la aprobación de los presupuestos por las juntas municipales respectivas, genere un muy amplio debate en el que participe el mayor número posible de ciudadanos y ciudadanas a través de asambleas, recogida de sugerencias, reuniones con los agentes sociales, foros virtuales de debate, actos públicos de explicación y evaluación de la ejecución del presupuesto en el ejercicio anterior… al objeto de que el proyecto de presupuesto obtenga el mayor consenso social posible y, por tanto, un mejor ajuste entre la asignación del dinero público y las necesidades, demandas y prioridades de la población.

Las asociaciones de vecinos siempre han sido partidarias de descentralizar un significativo abanico de competencias hacia las juntas municipales para hacer efectivo el principio de acercar el lugar de la toma de decisiones a los vecinos y vecinas de manera que las áreas centrales del ayuntamiento elaboren y ejecuten las líneas estratégicas de la política municipal y la coordinación de toda la gestión y las juntas de distrito decidan y gestionen, al menos, el 50% del presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (excluido el capítulo de gastos de personal), un porcentaje muy lejano al 11% que recoge el proyecto de presupuesto.

La FRAVM denuncia que el proyecto no incluye mención alguna al soterramiento del túnel de Santa María de la Cabeza cuando los presupuestos de 2006 recogían que “se iniciarán los trámites necesarios para una futura licitación de las obras correspondientes a la segunda fase’. Ello a pesar del compromiso público, tanto de la concejala de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, como de la concejala de Arganzuela de que la licitación se efectuaría alrededor de abril de 2007.

En el capítulo de impuestos, si bien la actualización del IPC en relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles supone una subida del 2%, el incremento de los valores catastrales implica que el aumento real será de alrededor del 12 %. Ello, sin embargo, no contribuirá a sacar al mercado del arrendamiento la enorme bolsa de vivienda desocupada de la capital (160.642 unidades según el Censo de 2001), por lo que la FRAVM reclama un impuesto sobre viviendas desocupadas con carácter de exacción obligatoria de hasta el 50% del IBI, así como la creación del Registro de Viviendas Desocupadas del Ayuntamiento de Madrid.

La FRAVM llama también la atención sobre la quintuplicación de la tasa de vados respecto del ejercicio anterior, que está creando un malestar del que se están haciendo eco algunas nuestras asociaciones de vecinos.

Dando continuidad a la labor que el movimiento vecinal despliega en este ámbito, la FRAVM reclama una mayor inversión –frente a la reducción prevista del 25%- en materia de obras de infraestructura y de adecuación del equipamiento comunitario primario en las zonas de rehabilitación y que se dedique a este capítulo buena parte de los 467 millones de euros que se prevé ingresar con la enajenación de patrimonio municipal de suelo, así como más recursos en el capítulo de servicios sociales.