Cristina Cifuentes llegó a la presidencia de la Comunidad Autónoma con nuevos bríos, difundiendo un mensaje de renovación y voluntad de diálogo que pretendía marcar distancias con el Gobierno anterior. Por eso, una parte de las 20.000 familias afectadas por los impagos de las ayudas públicas a la rehabilitación y a la instalación de ascensores, se aferró a la esperanza de que la dirigente del PP abriría una puerta para solucionar su problema. La exclusión de estos adeudos de los presupuestos regionales para 2016, aprobados el pasado mes de diciembre, ya apuntó que la solución iba a tardar en llegar. Pero ahora una carta de la presidenta dirigida a la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) cierra completamente esa posibilidad, dando la razón a los más escépticos.

En una escueta misiva recibida en el día de ayer, Cifuentes pide comprensión a la entidad ciudadana y a las 4.689 personas que con su firma le habían reclamado la derogación del artículo 20 de la Ley 4/2012, norma que permitió el impago de las citadas subvenciones y otros recortes sociales. “Confío en que comprenda que en este momento no estamos en disposición económica ni contamos con los fondos necesarios para derogar el mencionado artículo ni ninguno de los que integran dicha Ley”, indica la presidenta. Y nada más. Punto final. En un párrafo, Cifuentes da carpetazo a un conflicto que afecta a miles de hogares modestos de barrios humildes como San Agustín y Colonia Urpisa (Puente de Vallecas), Ciudad de los Ángeles (Villaverde) o San Ignacio de Loyola (Latina).

“La Presidenta se niega a atender la legítima reivindicación de los miles de vecinos afectados, la mayoría de los cuales tiene más de 65 años”, sostiene Vicente Pérez, responsable de Urbanismo y Vivienda de la FRAVM. “Pero la FRAVM seguirá apoyando esta reivindicación, pidiendo a todos los partidos, ayuntamientos y juntas de distrito que la tengan en cuenta y, de igual manera, la apoyen”, indica.

Hace tres meses la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Fomento firmaron un convenio de adhesión al “Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016”, lo que supone una partida de 71 millones de euros para ayudas al alquiler y subvenciones a la rehabilitación de viviendas de zonas degradadas de la región. Tras la firma, la FRAVM reclamó al Gobierno de Cifuentes que antes de abrir nuevas ayudas públicas para la rehabilitación, abonara los 10 millones de euros que aún debe a las citadas 20.000 familias que se acogieron a subvenciones de planes anteriores. Pero una campaña de recogida de firmas, manifestaciones de afectados, adhesiones de ayuntamientos y de partidos no han servido aún para que la presidenta colabore en resolver el problema. A nadie debería extrañar, por tanto, que, tal y como sucede en estos momentos en barrios como Manoteras, objeto de las nuevas subvenciones a la rehabilitación, los potenciales beneficiarios rechacen las ayudas al no fiarse en absoluto de una Administración que ha dejado endeudados a vecindarios enteros.

Recordemos que en el marco de este conflicto,el pasado mes de octubre el Juzgado de Instrucción Número 36 de Madrid admitióa trámite una querella que presentó la asociación vecinal Los Pinos de San Agustín contra Pablo Cavero, ex consejero de Transporte, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad, por prevaricación y malversación de fondos públicos. La entidad, a la que poco después se sumó la FRAVM en su demanda judicial, denunció a Cavero, hoy concejal del Ayuntamiento de Madrid en la oposición, por destinar parte de los 85 millones de euros recibidos del Estado para la rehabilitación de viviendas a otras partidas.