Representantes de varias confederaciones y federaciones de asociaciones vecinales del Estado se concentraron esta mañana frente a la sede de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) para reclamar un debate abierto en el establecimiento de los precios de la luz y la constitución de una mesa de negociación en la que estén presentes “no sólo el Gobierno y las empresas eléctricas’, sino además, diferentes actores sociales que garanticen un precio ‘razonable para las familias’.
Las asociaciones recuerdan que la tarifa de la luz se ha encarecido en los últimos dos años y medio un 31%, ‘muy por encima del IPC y de la actualización de los salarios’. Reivindican, frente a “este abuso”, la aplicación de criterios de progresividad que pongan fin a una situación “injusta para las familias, que consumen el 48% de la electricidad pero pagan el 75% del total facturado”.
‘Entendemos –declaraba a Europapress Julio Molina, secretario de la Confederación de Asociaciones Vecinales de Cataluña– que no es lo mismo el kilowatio que paga una familia en su casa para una lavadora que el que usa para un foco que alumbra por la noche una piscina en un chalet de Las Rozas’.
‘El mercado –añadía el presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), José Vicente Vallín– está controlado por las empresas. El Gobierno dice que no, que está poniendo lo posible para que no se controle, pero a la hora de la verdad las fluctuaciones siempre están relacionadas con ese mercado’ y están planificadas para ‘acercar el precio de la luz al precio del mercado con el fin de tapar el déficit tarifario’.
‘Sabemos que tener que pagar un déficit tarifario, que no entendemos –apuntaba–, pero no es el momento para que lo paga la ciudadanía’, toda vez que es un servicio ‘básico, no de lujo’.
Representantes de las entidades vecinales se han reunido dos veces en los últimos cuatro meses con el Ministerio de Industria. No así con UNESA que, hasta el momento, se ha negado a recibirles.
