La Plataforma Mayores en Acción volverá a tomar la Puerta del Sol el próximo jueves 23 de mayo para denunciar las consecuencias de las medidas que ha adoptado el Gobierno español ante una crisis que dura ya 5 años. Lejos de mitigarlas, la acción del Gobierno ha agravado las condiciones de vida de las familias: superamos ya los 6 millones de parados, los salarios y las pensiones caen a plomo y las condiciones laborales retroceden hasta niveles propios de otras épocas.

Los mayores están lejos de sentir el júbilo que se le supone al periodo posterior vida laboral: denuncian que el Plan de Sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones anuncia entre líneas nuevos recortes en las pensiones a través de la creación de un IPC especial para las revisiones anuales que “supondrán pérdidas constantes de nuestro poder adquisitivo”, a lo que suman las rebajas sustanciales anunciadas para los futuros pensionistas y un nuevo retraso de la edad de jubilación.

“Exigimos y defendemos de forma clara y radical que el sistema público de pensiones sea sostenido por dinero público y salimos, no solo para defender el mantenimiento de nuestro poder adquisitivo, sino para que en el futuro los jóvenes puedan acceder a este derecho y evitar que su edad de jubilación coincida con la de su defunción”, sostienen.

Las agresiones que sufren los mayores, sostén económico de miles de familias, no proceden solo de los recortes aplicados al sistema público de pensiones y del retraso de la edad de jubilación, sino de una agresión generalizada a los servicios públicos: “no se entiende –subrayan– que jubilen de forma forzosa a más de 500 médicos de la noche a la mañana mientras defienden el retraso de la edad de jubilización si no es por su clara determinación a privatizar unos servicios ejemplares creados y sostenidos con nuestros impuestos”.

El futuro no pinta mejor: a partir de julio los usuarios del servicio de teleasistencia de Madrid deberán pagar más por un servicio público que gestionan, sin embargo, empresas privadas. Las ayudas derivadas de la aplicación de la Ley de Dependencia sufrirá un recorte de 998 millones de euros en 2013, una merma que se suma a la producida el año pasado y que supone un incumplimiento flagrante de los compromisos asumidos por el Ejecutivo (en 2012 solo financió el 21% de su coste en lugar del 50% comprometido). Manuel Doblado, portavoz de la plataforma, subraya que todo ello supone un “nuevo triunfo de las compañías de seguros, que recaudarán nuevas cuotas de quienes puedan pagarlas, dejando al resto a expensas de un sistema público muy limitado”.

Sobran, por tanto, razones y motivos para “clamar a los cuatro vientos la necesidad imperiosa de modificar este rumbo”. Bastaría, recuerdan, que los grandes defraudadores pagaran sus impuestos como todos los demás, junto con la decidida voluntad de servir a los intereses de la mayoría de la población.