Y como las desgracias para la gente humilde nunca vienen solas, después de quedarse en la calle, el pasado sábado Lidia perdió el bebé que esperaba. “Nada es casual y en la naturaleza de esta pérdida basta apuntar con el dedo a los responsables de que tiraran abajo la puerta de su casa, a la falta de soluciones de las administraciones públicas y a lo que significa que te echen a vivir en un albergue con tus hijos o tener que acampar en la calle porque sencillamente tu situación no le interesa a nadie que tenga un cargo político y algo que explicar”, indica la Coordinadora de Vivienda de Madrid, que junto a la Asamblea Popular de Carabanchel ha apoyado a la familia en todo momento.

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), indignada por esta nueva desgracia motivada por la falta de vivienda, exige al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid una solución justa y urgente para la familia, un alquiler social en una vivienda pública, algo que Lidia lleva quince días demandando.

El 13 de junio, Lidia y Santiago, una joven pareja madrileña en desempleo con cuatro niños a cargo, vieron indefensos como la puerta de su vivienda era tumbada a mazazos por la policía, culminando así “otra barbarie de lo que ha supuesto el expolio de la vivienda pública en Madrid”, a tenor de la coordinadora y de la FRAVM. El SAMUR Social activó el día del desahucio su protocolo habitual y les trasladó a un albergue en el que permanecieron cinco días. Ni el Ayuntamiento ni la Comunidad de Madrid fueron capaces de proponer en ese tiempo una alternativa habitacional adecuada para la familia y, transcurridos esos cinco días, Lidia y Santiago iniciaron una acampada frente a la Junta de Distrito de Carabanchel para exigir una vivienda digna. Un alquiler razonable que la pareja lleva tramitando 15 años, formando parte del largo listado de solicitantes de vivienda de la Comunidad de Madrid. Desde el día 19 de junio se encuentran exigiendo una solución que no llega, y lo hacen en la calle, acampados, mientras vecinos y amigos les apoyan con comida y agua.

Lidia critica que en la Concejalía del distrito liderada por Esther Gómez “se comprometieron (verbalmente) a conseguir un alquiler dentro del mercado inmobiliario, durante un período de tres meses hasta que accediésemos a una vivienda de emergencia de la EMVS”. Este compromiso se consiguió el 9 de junio, después de que se paralizase el primer intento de desahucio de la familia y tras “haber intentado prácticamente por todos los medios una solución, ya fuese solicitando un alquiler social al Fondo Buitre (Blackstone/Fidere), a la Cruz Roja (que nos dijo que ayudaría económicamente para afrontar un alquiler), a Cáritas…” “Pero todo se truncó -continúa Lidia- cuando fuimos desahuciadas de nuestro hogar. Pues la ayuda económica de la Cruz Roja no se concretó, además la Concejalía se limpiaba las manos ofreciendo otra “ayuda” bien distinta a la prometida. La nueva “ayuda” consistía bien en una habitación en piso compartido o bien un estudio de un dormitorio por 300 euros, pero ¿cómo nos metemos una familia de seis miembros en una habitación? además con un contrato de alquiler que nadie nos va a hacer si tu aval es sólo una promesa de ayuda temporal del Ayuntamiento de hasta 200€. Es inviable. También nos dijeron de una vivienda en Valquemada (en linde con Ávila), pero los niños tienen su colegio, familia y raíces aquí, no queremos irnos tan lejos y además nos parece que es echar balones fuera. Tengo rabia e impotencia ante cómo te tratan, pero voy a seguir peleando por una solución estable. Las instituciones deben estar para proteger la vida de las personas, pero sólo se acuerdan de nosotras en la campaña electoral”, apostilla la afectada.

En el caso de Lidia -y en general en todos los desalojos forzosos sin alternativa de vivienda que se están produciendo desde el inicio de la “crisis”- se están vulnerando sistemáticamente los derechos humanos y los derechos de la infancia (art. 3 de la Convención de Derechos del Niño de 1989). La Coordinadora de Vivienda, formada por la PAH y las asambleas del 15M ,tienen claro que con Lidia y su familia “ha habido una notoria y cuando menos temeraria dejación de funciones por parte de la Administración Pública a nivel local, autonómico y estatal”, por lo que no descarta ir incluso por vía penal ante la irreparabilidad de muchos daños”.

Recordemos que la Coordinadora de Vivienda, la FRAVM y la Asociación Libre de Abogados impulsan desde hace meses una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por una ley urgente que garantice el Derecho a la Vivienda en la Comunidad de Madrid, que ha recibido el apoyo de 76.773 madrileños y madrileñas. Esta norma impediría casos como el de Lidia pues con ella ninguna familia de la región podría ser expulsada de su vivienda sin alternativa habitacional. La ILP se encuentra en estos momentos en la Asamblea de Madrid y tras el verano los partidos políticos votarán en pleno si la toman en consideración para su debate y votación. ¿Se atreverán votar en contra?