¿Nadie va a preguntar a los vecinos de la Comunidad de Madrid a la hora de redactar el proyecto de Ley del Suelo que derogue la actual normativa? Aunque el Gobierno regional ha convocado exclusivamente a una comisión de expertos en urbanismo para dirimir las claves de la nueva política de vivienda de la región, los vecinos no se resignan a convertirse en sujetos pasivos de una política pública que mercantiliza un bien de primera necesidad. Por eso, la Plataforma por la Vivienda Publica de la Zona Sur, integrada por sindicatos, asociaciones de vecinos y colectivos juveniles, solicitó una reunión con la Comisión de Ordenación del Territorio y Vivienda de la Federación Madrileña de Municipios (FMM) a fin de que sus propuestas y aportaciones se reflejen en el nuevo proyecto de ley. En el encuentro, celebrado finalmente el pasado 25 de septiembre, los representantes de la Plataforma pusieron sobre la mesa sus reivindicaciones, avaladas por la firma de más de 40.000 madrileños, para terminar con el creciente incremento del precio de un bien de primera necesidad como es la vivienda y la falta de control y regulación de un sector en el que han aumentado de manera alarmante los abusos y delitos: contratos abusivos, información falseada, sociedades ‘fantasma’, etc. Porque, si bien organismos como la Agencia Tributaria ha tomado ya medidas para incrementar el control de este tipo de negocios, hasta la fecha no se han tomado aún medidas concretas para proteger a los particulares frente a lo que es, en la mayoría de los casos, el mayor esfuerzo financiero de sus vidas.

Batería de propuestasEl inmediato y drástico incremento del gasto público en la construcción de vivienda protegida y en ayudas directas al alquiler, de forma que se garantice el acceso a una vivienda digna a todos aquellos ciudadanos con limitaciones económicas que les impidan costeársela sin pérdida significativa de su calidad de vida. Aumento de la presión fiscal de forma exponencial en relación al número de viviendas acumuladas para todas aquellas personas físicas o jurídicas poseedoras de viviendas secundarias y, sobre todo, para los propietarios de viviendas vacías.Mayor control legal sobre impagos de arrendatarios y el establecimiento de un régimen fiscal especial para arrendatarios y arrendadores que se traduzca en desgravaciones fiscales significativas para todos aquellos que escojan el alquiler como vía alternativa a la compra-venta. Creación de una agencia de control del fraude inmobiliario que, en base a una Ley Integral de la Vivienda, prevea unas garantías mínimas en la oferta inmobiliaria, bien sea en obra nueva o en vivienda usada. La agencia debería disponer de un cuerpo de inspectores eficaz que acabe con los abusos y el fraude inmobiliario sobre la vivienda libre o en régimen de alquiler y, en el caso de las viviendas protegidas, realizar un estricto control del uso que se hace de las mismas por parte de los adjudicatarios y evitar que esas viviendas vuelvan a engrosar la oferta a precios de mercado.La prohibición en la gestión del suelo de órganos independientes con derecho a veto que regulen racionalmente las juntas de compensación y que evite la creación o modificación de planes de actuación urbanística que vayan en contra del interés general de los ciudadanos a favor de unos pocos. Prohibición de uso residencial para aquellas infraviviendas existentes en el mercado, en venta o en alquiler y la regulación de los lofts que cumplan unas condiciones mínimas de habitabilidad, de forma que se permita la calificación de su uso como vivienda. Creación de un fondo de compensación para resarcir cautelarmente a los afectados por retrasos, delitos o abusos inmobiliarios en espera de que se depuren responsabilidades por vía judicial y, si llega el caso de insolvencia, quiebra o desaparición de la sociedad responsable, la asunción final de la deuda. Futuras acciones

En su valoración del encuentro, la Plataforma “lamenta la falta de sensibilidad y de interés por parte del Gobierno regional, que no es capaz de poner de acuerdo a todos los partidos, entidades e instituciones implicadas en la vivienda para negociar un gran acuerdo en nuestra comunidad”. Por otra parte, los colectivos y asociaciones que forman parte de la Plataforma evaluarán las medidas de presión que consideren oportunas para presionar desde la calle con el objetivo final de que la Administración garantice el efectivo ejercicio del 47 de la Constitución.