El delegado del Área de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, José Manuel Calvo, la directora general del INAEM, Amaya de Miguel Toral y la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, fueron los encargados de rubricar un protocolo de actuación para abrir el nuevo espacio cultural, que previsiblemente albergará las sedes principales del Ballet Nacional y de la Compañía Nacional de Danza. Tres días después, la Administración procedía al desalojo del asentamiento de chabolas que desde hacía años se encontraba en una parte de los terrenos de la discordia, algo muy demandando por las asociaciones vecinales de la zona, que siempre han dejado clara la necesidad de que las familias afectadas fueran realojadas en viviendas dignas.
Estas mismas asociaciones, junto a las AMPAs del distrito, llevan una década luchando para que los terrenos de Adif se destinen a dotaciones públicas que la zona necesita. Por eso tras conocer la noticia del acuerdo entre las tres administraciones hicieron público su temor de que las instalaciones del INAEM puedan llegar a ocupar “casi la totalidad del espacio disponible”, además de “generar una afluencia de público y circulación de transporte privado con los problemas de movilidad” derivados.
“Como bien sabe la Junta del Distrito y entendemos que el propio Ayuntamiento de Madrid, en nuestro distrito existe desde hace ya tiempo un déficit muy importante de suelo público para acometer algunos equipamientos dotacionales, como por ejemplo centros polideportivos con piscina, centros educativos, ambulatorio, etc. En los barrios próximos al lugar donde se emplazan las parcelas esta carencia es aún más acuciante por el crecimiento exponencial que viene experimentando esta zona en su población residencial y flotante”, puede leerse en la carta que firman las asociaciones vecinales Nudo Sur y Nuevo Legazpi, la Plataforma Vecinos Delicias, la Plataforma para la Defensa de la Educación Pública de Arganzuela y Lavapiés y la AMPA CEIP Tirso de Molina.
Por desgracia, en los últimos planes urbanísticos del distrito se ha propiciado “la construcción de viviendas y el emplazamiento de grandes empresas, como las sedes corporativas de Repsol, de Amazon y de algunas divisiones de El Corte Inglés”. Por eso, los colectivos de barrio exigen que “en el desarrollo de este proyecto en primer lugar se tenga en cuenta el entorno del distrito y las necesidades de sus habitantes en cuanto a servicios básicos de carácter público”. Y para ello, apelan a “la condición de empresa pública de Adif y a su Responsabilidad Social Corporativa” y “al Ayuntamiento de Madrid como representante de los ciudadanos para que desempeñe una actuación primordial en defender los servicios para los vecinos e incorporar a este protocolo a las instituciones que sean pertinentes para dar respuesta a esta necesidad que trasladamos”.
En este marco, las asociaciones demandan “la apertura inmediata de una Mesa de Diálogo, que reúna a todas las partes, en la que estemos también presentes los vecinos (..) Si esto avanza, queremos saber cómo, dónde y cuando se van a emplazar los servicios públicos básicos que necesitamos los vecinos”.
Por otro lado, “nos parece especialmente crítico el período de transición hasta que se haga efectivo el uso definitivo de las parcelas. Estamos sumamente preocupados por del deterioro que sufre la zona y por el desgaste que nos supone a los vecinos convivir con esta situación y estar en permanente estado de alerta y de reivindicación”, alertan las asociaciones vecinales.
Por ello, consideran “fundamental” que “el plan de uso transitorio se haga efectivo a la mayor brevedad y esto depende en gran medida de la buena intención y predisposición de todas las partes para actuar como agentes facilitadores para alcanzar acuerdos razonables y no anteponer otros tipos de intereses o propuestas que puedan requerir un mayor plazo de ejecución. Instamos a todas las partes anteponer el compromiso social con los vecinos, integrarnos en la mesa de diálogo, dar la máxima celeridad a cualquier gestión y poner los recursos de seguridad necesarios y efectivos”, concluyen las organizaciones sociales en su carta.
