En menos de una semana, el número de organizaciones firmantes se ha más que duplicado. Esta iniciativa fue promovida inicialmente por la Asociación Española de Educación Ambiental, CCOO, Ecologistas en Acción, Fodesam, Fundación Alborada, Fundación Vivosano, Greenpeace y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, y ahora se han adherido entidades como la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), de la que forma parte la FRAVM.

Mañana, 13 de abril, se decidirá definitivamente si el glifosato se permite en Europa, tras el aplazamiento que sufrió esta decisión el pasado 8 de marzo en el Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos por la fuerte respuesta en contra de la sociedad civil.

El glifosato es el herbicida más utilizado en el planeta, tiene un uso ampliamente extendido en la agricultura y el mantenimiento de parques y jardines y de infraestructuras de todo tipo y ha suscitado una fuerte controversia científica por sus potenciales efectos cancerígenos y como disruptor endocrino.Su autorización en la UE caduca en junio, pero la decisión de mañana podría permitir su uso otros 15 años más.

En marzo de 2015 la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) clasificó el glifosato como probable cancerígeno en humanos. Sin embargo, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) asumió a finales del mismo año un informe favorable a su uso. A pesar de la falta de consenso científico sobre los efectos de este plaguicida en la salud de las personas y del medio ambiente, la Comisión Europea ha puesto en marcha un proceso de reautorización de esta sustancia, que ha generado un importante rechazo científico y social.

El Gobierno español se ha mostrado a favor de la reautorización del glifosato, siguiendo la posición de la EFSA, al contrario que otros países como Francia, Italia, Suecia y Países Bajos que mostraron públicamente su oposición.

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), además de su adhesión a la citada carta dirigida al Gobierno de Mariano Rajoy (ver carta) acordó la semana pasada impulsar mociones en todos los ayuntamientos de la región para que, tal y como ha anunciado el Consistorio de la capital, renuncien al uso del peligroso herbicida en el mantenimiento de sus parques y zonas verdes.