En julio de 2013 el Ayuntamiento de la capital vendió 1.860 viviendas de 18 promociones de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS) al grupo inmobiliario Magic Real State Blackstone por 128,5 millones de euros. Apenas un mes más tarde, el Gobierno autonómico vendió 2.935 viviendas públicas a la unión de empresas Azora-Goldman Sachs por apenas 201 millones de euros, una cantidad inferior al precio de coste de su construcción, estimado en cerca de 300 millones de euros. La operación, por tanto, supuso un quebranto patrimonial para las arcas públicas; una merma importante del parque de vivienda y una vulneración directa de los derechos de las 2.935 familias afectadas por este expolio, en su mayoría jóvenes que querían ejercer su derecho a compra o familias con escasos recursos.

Desde entonces, decenas de familias que ocupaban estas viviendas han sido desalojadas y otras tantas lo serán en un futuro, a medida que las empresas propietarias suban los alquileres y las ayudas públicas destinadas al pago de la renta dejen de llegar.

Pero no solo: la venta de este importante volumen de viviendas restringe aún más el acceso de la ciudadanía a una vivienda digna. Estas ruinosas operaciones afectan, por tanto, al conjunto de la ciudadanía madrileña.

La FRAVM, la Asociación de Afectados por la Venta Pública del IVIMA y la Plataforma de Afectados por la Venta de Vivienda Pública y Social (PAVPS) convocan una asamblea para coordinar y dar un impulso a una causa que ya se ha llevado a los tribunales pero que hay que seguir alimentando. Los abogados informarán de cómo van la querella y el contencioso administrativo y se darán pasos para organizar la movilización en defensa de la vivienda programada para el mes de abril.