“La Comunidad de Madrid debería poner fin a esta agonía, que durante siete años lleva haciendo la vida imposible a tantas familias necesitadas de vivienda social, pero mucho nos tememos que no va a ser así, ya que este último recurso no era ni más ni menos que una argucia legal para saltar al Tribunal Constitucional y dilatar más aún esta barbaridad”, asegura Quique Villalobos, presidente de la FRAVM, una entidad que ha apoyado a los hogares afectados desde que se produjo la operación de venta.

El pasado 12 de diciembre, el Tribunal Supremo inadmitió los recursos de apelación presentados por el Gobierno regional y el fondo Goldman Sachs-Encasa Cibeles contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que da la razón a una familia damnificada (la de Rachid Bouikou) al entender que la Administración no justificó debidamente que las promociones vendidas “no son necesarias para el cumplimiento de las funciones y competencias del IVIMA”. La Comunidad de Madrid presentó un recurso de casación contra este fallo, y ahora la Sección Tercera de Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, en una sentencia con fecha del pasado lunes, 9 de marzo, lo inadmite. Pero no solo hace eso, volviendo a declarar nula la operación de venta por la que el Gobierno regional se desprendió, por un precio muy inferior al del mercado, de 2.935 pisos de 32 promociones de vivienda de protección oficial. El alto tribunal da un fuerte tirón de orejas a la Comunidad de Madrid al subrayar las múltiples “referencias a los terceros interesados” como el fondo Encasa Cibeles que aparecen en la argumentación de su recurso. “No es dable al Letrado de la Comunidad de Madrid erigirse en representante o defensor de los derechos de tales terceros interesados, pues es a éstos a quienes corresponde la defensa de sus derechos e intereses”, indica el Tribunal Supremo.

La Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA (AVVI) y la FRAVM consideran inaceptable que la Comunidad de Madrid se alce en defensora sin complejos de los intereses del fondo buitre en vez de velar por los intereses de las familias damnificadas, es decir, en vez de defender los derechos de los madrileños y madrileñas. “Por eso exigimos a la presidenta Ayuso que se siente ya a negociar con los afectados y con Goldman Sachs-Encasa Cibeles para recuperar las viviendas públicas y poder restituir los derechos que nunca debieron ser eliminados a estas familias, que no hicieron nada para que les haya tenido durante tanto tiempo viviendo una agonía y una incertidumbre inaceptable en democracia”, indica Quique Villalobos.

Tras la nueva sentencia, AVVI y la FRAVM felicitan a los colectivos de afectados y afectadas y a sus equipos de letrados, que en estos años no han cesado de pelear por sus derechos y por la vivienda pública, y en primer lugar a Rachid Bouikou y a su abogado de oficio César de Pinto, cuyo buen hacer se encuentra detrás del nuevo auto de inadmisión. El origen del caso judicial se sitúa en el otoño de 2013, época en la que decenas de afectados por la operación, que tuvo lugar en julio de ese año, presentaron recursos contra la actuación de la Comunidad de Madrid. La mayoría fueron desestimados en primera instancia ya que los tribunales no consideraron a los inquilinos como “parte interesada” en el acuerdo comercial entre esta Administración y la empresa Goldman Sachs. Afortunadamente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid atendió el recurso presentado por Rachid, al igual que ha hecho con otros dos recursos. Los responsables de la venta recurrieron en casación al Supremo y en diciembre de 2019 el alto tribunal dio la razón a este vecino de Navalcarnero y por extensión a todos los damnificados.

Aún quedan varios recursos judiciales por resolverse, pero esto no quita para que la Comunidad de Madrid pueda actuar inmediatamente para restablecer los derechos de las casi 3.000 familias afectadas.