Hay situaciones que superan todos los límites de lo razonable. Situaciones como la que viven 68 familias de San Cristóbal de los Ángeles (Villaverde), que desde hace varios años (entre dos y seis años) pagan las letras de la hipoteca de unas casas que no existen. Los inmuebles que en su día compraron son hoy un inmenso solar abandonado que tiene pocos visos de convertirse en los bloques de viviendas deseados: con los tiempos que corren, nadie quiere financiar la nueva obra. Pero aunque nos hallásemos en un periodo diferente, las entidades financieras se opondrían como se oponen hoy con el argumento de que los demandantes ya están hipotecados.

En la parcela que se halla entre los números 40 y 44 de la calle Rocafort, en plena Área de Rehabilitación Integral (ARI) de San Cristóbal, se levantaba una manzana de pisos con serias deficiencias estructurales. Por ello, tras las preceptivas declaraciones de ruina, hace seis años se realizaron los primeros derribos de viviendas, un proceso que finalizó en 2010. El grueso de las familias fueron alojadas en pisos de alquiler de la EMVS, aunque hasta este año la empresa municipal no había cobrado ninguna mensualidad. Pero ahora, después de que el pasado 31 de diciembre finalizara la última fase del citado ARI, la EMVS exige la firma de nuevos contratos de alquiler y el pago de este servicio, algo difícilmente asumible para unos hogares de extracción humilde obligados a pagar a diferentes bancos sus hipotecas. “Muchas de las personas cobran solo 600 euros y otras, personas mayores, disponen solo de pensiones mínimas. Es imposible que paguen a la vez la hipoteca y un alquiler. Y menos con el actual recorte en ayudas sociales”, indicó esta mañana Belén, una de las afectadas. El caso tiene tintes kafkianos: en estos años, los vecinos se han visto obligados a realizar el mantenimiento del solar de sus antiguas viviendas y a pagar impuestos municipales como el IBI o la tasa de la basura por unas casas inexistentes. Por ende, el Ayuntamiento les reclama gastos derivados de los derribos.

Conscientes de la dificultad de volver a construir de cero sus viviendas, los afectados, que estudian presentar una querella por estafa contra algunas entidades financieras y promotoras, demandan la condonación de sus deudas hipotecarias para poder rehacer sus vidas. “Los bancos juegan con el chantaje de que si las familias no pagan las letras de su hipoteca, ejecutarán las casas de sus avalistas” explicó en la FRAVM Rafael Mayoral, asesor legal de los afectados. La mayor parte de las hipotecas corresponden a Bankia, aunque bancos como el BBVA o el Santander también tienen algunas. “Las entidades financieras tienen que asumir su responsabilidad. No tenemos ladrillo pero tenemos derechos. Las tasaciones que realizaron las agencias contratadas por estos no tienen ni pies ni cabeza: se sobrevaloraron unas viviendas que presentaban graves daños aunque eran vendidas como maravillosas”, indicó Mayoral. Más allá de los bancos -continuó- “las administraciones públicas no pueden seguir mirando hacia otro lado ante este caso de emergencia social: tienen que llegar a una solución para que nadie se quede sin vivienda y desde luego, sin deudas perpetuas”.

En este marco, las familias, con el apoyo de la asociación vecinal La Unidad de San Cristóbal, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid se concentrarán mañana viernes 29 de junio a las 19h ante el solar de la discordia, en la calle Rocafort.

“No tenemos casa ni salida a nuestra situación. Nos sentimos estafados. Hemos comprado humo. Aunque no se construyan casas nuevas, lo que queremos es quedarnos en el barrio, donde tenemos el arraigo”, resumió Cristina, otra de las afectadas.