En una declaración que los abogados de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA (AVVI), que ejerce de acusación particular, calificaron de “insuficiente” y “muy deficiente”, el ex director gerente del instituto público sostuvo que la opción de vender en bloque las 32 promociones de vivienda se realizó tras consultar a varios asesores y con objeto de hacer frente a un recorte de 100 millones de euros en su departamento. Según su testimonio, la decisión de compensar esta reducción con la enajenación de pisos sociales la adoptó el Consejo de Gobierno, en el que participaba, como es preceptivo, el consejero de vivienda de entonces, Pablo Cavero. De esta forma, Van Halen, aunque reconoce que participó de la confección de la propuesta, sitúa en su antiguo jefe la responsabilidad última de la operación.

Tras el interrogatorio de Van Halen, que dimitió hace dos meses de su cargo como director de Arquitectura y Vivienda del Ministerio de Fomento tras ser imputado en la causa, Sonia Martínez, portavoz de AVVI, calificó de “inconcebible que una decisión política arrastre a casi 3.000 familias a quedarse en una situación de riesgo de exclusión social”. Por otro lado, destacó que Van Halen no presentó ayer informe alguno que justificara su propuesta de venta.

Martínez se felicita de los avances del proceso judicial, pero se queja de su excesiva lentitud: “llevamos dos años y medio y el tiempo correo en nuestra contra. Cada vez más gente abandona sus viviendas y deja la pelea; esto es muy agotador”.

A las puertas del juzgado, José Luis Muga, abogado de los afectados, resaltó que ‘de las 2.935 viviendas afectadas, el 75% estaban adjudicadas en alquiler con opción de compra y no pudieron ser ejercitadas por la enajenación que se produjo a la empresa Azora y al fondo de inversión Goldman Sachs’. ‘Estamos hablando de 200 millones de euros que ingresó la Comunidad de Madrid, cantidad sensiblemente inferior a la que habría ingresado si hubiesen sido vendidas bien por lotes o bien de manera individual a los inquilinos’, remachó el letrado.

Cinco recursos judiciales

Recordemos que el proceso penal en el que se halla inmerso Van Halen no es el único procedimiento judicial abierto contra los responsables de la enajenación de las viviendas del IVIMA. Actualmente hay en marcha cinco recursos contenciosos administrativos, tres colectivos y dos individuales. De entre los primeros, el más avanzado, el Procedimiento Ordinario 467/2013, que se sigue en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Madrid, se encuentra en trámite de conclusiones, mientras que los otros dos, al igual que sucede con los procedimientos individuales, están aún en fase de admisión de pruebas. Para los afectados y sus letrados, los procesos avanzan con una lentitud exasperante. En su defensa, los abogados subrayan, entre otras cosas, que con objeto de llevar a cabo la operación de venta “no se realizó un informe que acredite la idoneidad y adecuación de la contratación”, así como su “necesidad”. Además, en el procedimiento de adjudicación no se dio “trámite de audiencia a los arrendatarios como interesados, a pesar de tener un interés legítimo”, y las “resoluciones de la Directora Gerente del IVIMA vulneran el deber de buena administración al vulnerar el principio de eficacia, así como los principios constitucionales de eficiencia y economía.”

Los abogados de AVVI destacan también que cada uno de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo que atienden los cinco procedimientos citados, conocen y tienen en su poder el Informe de Fiscalización de Operaciones de Enajenaciones del IVIMA y los controles realizados por las instituciones competentes (ejercicios 2012 y 2013), aprobado el 6 de noviembre de 2015 por el Consejo de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.