La Plataforma por la Remunicipalización y Gestión Directa de los Servicios Públicos, integrada por diferentes organizaciones sociales, salió a la calle el pasado jueves 23 de abril para exigir la remunicipalización de los servicios municipales privatizados en Madrid.

Esta es, de hecho, una de las medidas consensuadas entre las organizaciones que participaron en el Encuentro Vecinal celebrado en octubre del pasado año en Matadero Madrid: la remunicipalización de determinados servicios municipales, tales como la limpieza viaria, la recogida de basuras, el mantenimiento de las zonas verdes…

La plataforma denuncia que el deterioro de la calidad de los servicios prestados por las empresas adjudicatarias (ACS, FCC, FERROVIAL, OHL, RAGA, DRAGADOS, SACYR) es manifiesto en los últimos años.

Desde hace años “nos han intentado convencer de que los servicios privatizados son más baratos y más eficientes”, subraya, pero “la crisis-estafa ha destapado la realidad”, remacha.

Y pone algunos ejemplos: ayuntamientos como el de León, gobernado por el PP “han tenido que elaborar un plan de ajuste en el que las medidas que producían más ahorro eran las de devolver a la gestión pública servicios como el de limpieza de edificios públicos o la limpieza urbana”. “Hablamos de ahorros cercanos al 50% del presupuesto”, añade.

Así lo corroboran organismos como el Tribunal de Cuentas, que explica, con datos, que los servicios de gestión directa son mucho más baratos que los de gestión privada, sobre todo en los grandes ayuntamientos. “En el caso de la limpieza urbana puede llegar a alcanzar el 71%”, apunta la plataforma.

La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, por su parte, multó a Urbaser (ACS), FCC, Valoriza (Sacyr) y Cespa (Ferrovial) y a otras 35 empresas con un total de 98,2 millones por repartirse el mercado de gestión de residuos y saneamiento urbano el pasado mes de enero.

La remunicipalización, por tanto, “no sólo es deseable y necesaria, sino posible”. Los contratos tienen plazo de finalización. A partir de ese momento, el Ayuntamiento puede recuperar la gestión directa sin tener que pagar indemnización alguna. Los contratos cuya duración es superior a un mandato “se pueden anular si incumplen condiciones y objetivos, como está ocurriendo en muchos servicios privatizados”.

La plataforma reclama, en definitiva, que se articule un plan de remunicipalización de los servicios públicos y que se establezcan los mecanismos más eficientes, temporal y económicamente hablando, para la reversión de los contratos realizados con empresas.

La plataforma pide asimismo, que se lleve a cabo una auditoría de la deuda con control ciudadano; la retirada de los ERE y ERTE de las plantillas de las contratas que gestionan los servicios públicos, el reingreso de los trabajadores despedidos, no subrogados y trasladados y la reabsorción de las plantillas por parte del Ayuntamiento.