A tres meses escasos de las elecciones municipales el Ayuntamiento de Madrid pretende aprobar la Operación Charmartín. ¿A qué estas prisas a propósito de una actuación que lleva más de 20 años serpenteando? El equipo de Ana Botella no justifica la repentina urgencia.

A juicio de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) no es democrático que el actual equipo de Gobierno cierre una operación urbanística de esta envergadura comprometiendo al equipo que salga de las próximas elecciones municipales. Tampoco parece oportuno impulsar el desarrollo de esta parte de la ciudad en plena revisión del Plan General de Ordenación Urbana. ¿No sería más coherente supeditarlo al nuevo PGOUM?

Hay una tercera cuestión que invita a pensar que esta patada hacia adelante responde a intereses que nada tienen que ver con el interés general de la ciudadanía. La Operación Chamartín fue declarada nula por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (sentencia 972/2013). El equipo de Ana Botella pasa por alto ese “detalle” arriesgándose a enfrentar las arcas municipales a unas indemnizaciones millonarias en caso de que el Tribunal Supremo rechace el recurso de casación presentado por su equipo. He ahí otra herencia envenenada para la futura corporación municipal y para el conjunto de la ciudadanía.

El mapa que la Operación Chamartín dibuja del futuro de Madrid está lejos de la ciudad equilibrada, cohesionada, sostenible, racional y funcional por la que trabajan las asociaciones vecinales.

Para empezar, la prolongación de la Castellana proyecta un desarrollo urbanístico que desborda la envergadura de muchas capitales de provincia: 40.000 nuevos habitantes llegarán a un ámbito ya sobredensificado con las cuatro torres de la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid, los PAU de Monte Carmelo, Las Tablas, Arroyo Fresno y Sanchinarro, más las realizaciones de Valdebebas y el Ensanche de Barajas. En el horizonte, además, se dibujan las operaciones de la Solana de Valdebebas y del Encinar de los Reyes y el crecimiento exponencial de la estación de Chamartín cuando se convierta en cabecera de las líneas de alta velocidad con el norte de la península y se conecte con la T-4 y la estación de Atocha.

El llamado Distrito Castellana Norte deberá convivir, además, con los crecimientos de municipios vecinos como Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y Tres Cantos más los de la segunda corona, Algete y San Agustín de Guadalix.

La operación reportará escasos beneficios al vecindario pero cuantiosos emolumentos a dos grandes empresas (DUCH SA y BBVA) gracias al imponente incremento de la edificabilidad (75%) aprobado en 2003 a cuyos intereses se pliegan de forma sonrojante las administraciones central, autonómica y municipal. Esta última, además, permite unos márgenes de variación que subrayan la renuncia de la administración local a ejercer sus prerrogativas en la formación de la ciudad: si en 2011 se proyectaba construir unas 12.000 viviendas, en 2015 son ya 17.700, que podrían ser más por la transformación de la edificabilidad terciaria en residencial. Las viviendas con “algún grado de protección” se reducen a 1.700, el 10% del total, el mínimo permitido por la vigente Ley del Suelo. También reduce a la mínima expresión –amparándose en la polémica disposición cuarta de la Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid– las cesiones de suelo del Ayuntamiento de Madrid para las redes generales, es decir, para zonas verdes, espacios libres y equipamientos públicos. Estas cesiones rozan el ridículo si tenemos en cuenta que laloza de hormigón computa como zonaverde.

Uno de los ejes vertebradores de la operación es el de la movilidad, un asunto de capital importancia toda vez que en el futuro ámbito residirán 40.000 vecinos y trabajarán 60.000 personas. La operación contempla la creación de una nueva línea de metro, una estación de cercanías y una red de autobuses de alta capacidad pero no concreta quién costeará los servicios e infraestructuras. Alarma comprobar, además, que la línea de metro estará concluida “hacia el final de los 20 años” y que las actuaciones proyectadas para canalizar el tráfico privado no tienen visos de solucionar los atascos que se producen en la actualidad en la A-1, la M-607, la M-11, Herrera Oria, Nuestra Señora de Valverde…

Por todo ello, la FRAVM y las asociaciones del ámbito reclaman la inmediata retirada de la prolongación de la Castellana y pide al equipo de gobierno que salga de las próximas elecciones municipales que replantee la operación en el marco de una nueva visión estratégica de la ciudad y considerando las conclusiones de un diagnóstico integral de los barrios afectados en el que se cuente con la participación de la población residente.

Puedes consultar el texto completo de las alegaciones aquí.