No se dan por vencidos. Y es que los vecinos no comparten la versión de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA), que asegura que las seiscientas toneladas de materiales residuales, equivalentes a unos 1.200 bidones de residuos compactados en hormigón, que generará el Plan Integral de Mejora de las Instalaciones del CIEMAT – PIMIC- no suponen riesgo alguno ni para la salud de las personas ni para el ecosistema del entorno. Recordamos que durante varios años, se van a desmantelar y clausurar antiguas instalaciones paradas, a rehabilitar las instalaciones y dependencias con alguna incidencia radiológica resultante de prácticas anteriores y modernizar edificios e infraestructuras “para adecuarlos a las nuevas necesidades de investigación”. Los responsables del Plan aseguran que estas actuaciones no suponen riesgo alguno ni para los vecinos del entorno ni para el ecosistema de la zona. Las 1.800 alegaciones presentadas el pasado mes de julio, sin embargo, dan cuenta de la preocupación de las personas que viven en las inmediaciones del CIEMAT – barrios de Saconia, Valdezarza, Tetuán, el Pilar, Puerta del Hierro…-. Considerando “inexcusable la realización de simulacros de emergencia –reconocimiento de señales de alarma, puntos de concentración, itinerarios de evaluación, centros de atención sanitaria…- en los que participe la población que pueda verse afectada por un posible incidente o accidente radiactivo, previos al comienzo del proyecto de desmantelamiento” y, ante la inmovilidad demostrada por los responsables del PIMIC, han tomado la iniciativa y se han echado a las calles para distribuir 10.000 carteles en los que convocan para el mes de mayo un ‘simulacro popular’ de emergencia nuclear bajo el lema “Residuos radiactivos fuera de Madrid. Por la seguridad y protección ambiental en la Dehesa de la Villa y Ciudad Universitaria”. La coordinadora prevé, asimismo, celebrar reuniones con vecinos, trabajadores y estudiantes para explicarles sus reivindicaciones y concienciarles del riesgo potencial de una operación cuyas consecuencias, sobre todo en caso de que se produjera algún incidente, no se han evaluado. En este caso, el proceso de desmantelamiento podría dar lugar a la emisión de aerosoles radiactivos –Art. 2 del RDL 9/2000-.