La historia de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y del exitoso movimiento contra los desahucios en España no se entiende sin uno de los colectivos que lo promovieron en su origen, los damnificados por el chiringuito financiero Central Hipotecaria del Inmigrante (CHI). Por eso, resulta paradójico que ahora, después de la paralización de miles de desalojos gracias a la acción de este movimiento, algunos de sus fundadores puedan perder su vivienda por la reactivación de su proceso de ejecución hipotecaria.

Es el caso de Aída Quinatoa, durante años uno de los rostros más conocidos de la PAH de Madrid y presidenta de la Coordinadora Nacional de Entidades Ecuatorianas en España (CONADEE), que hasta ahora tenía su ejecución hipotecaria en suspenso por el procedimiento penal contra el responsable de la CHI, Enrique Caño. Pero contra todo pronóstico, de manera incomprensible, el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid resolvió el pasado 10 de marzo sobreseer provisionalmente la causa, por lo que el fantasma del desahucio vuelve a planear sobre las familias afectadas, que ya han recurrido la decisión judicial. Ante su indefensión y con objeto de que ponga a disposición más medios y recursos para llevar la investigación del caso hasta sus últimos detalles, el Grupo de Afectados CHI se reunirá el próximo jueves 2 de junio con responsables del Consejo General del Poder Judicial. De forma paralela, organizará a las 11:00 una concentración ante la sede del órgano de los jueces, en la Plaza de la Villa de París.

¿Cómo es posible que se archive la causa penal contra la CHI, cuando incluso existen grabaciones en las que se puede ver claramente la manera irregular de actuar de Caño? Según los abogados de los afectados, la juez instructora ha obviado la aportación de pruebas contundentes como “letras de cambio firmadas en blanco por parte de los perjudicados, contratos de reconocimiento de deuda basados en que supuestamente el crédito bancario no cubría para la compra de la vivienda cuando la documentación aportada indica lo contrario, denunciantes que creían estar avalando una compra cuando en realidad eran obligados del crédito o diversos casos en los que la trama mostraba a los potenciales compradores viviendas de una gama superior y que una vez habían conseguido que avalasen a una persona desconocida se les indicaba que esa vivienda ya estaba vendida, mostrando en ese caso viviendas de una calidad muy inferior”.

Aunque fueron cientos las familias damnificadas, casi todas de origen ecuatoriano, una treintena mantenía la causa abierta contra Enrique Caño, que fue denunciado en diciembre de 2010 por presunta estafa. Según el testimonio de aquellas, Caño se hallaba al frente de una entidad, la CHI, que se presentaba a los inmigrantes como una suerte de ONG que les ayudaba en su integración en España. Una vez que alguno mostraba interés en comprar una casa, Caño se encargaba de realizar todos los trámites, organizando una red de avales cruzados: cada futuro propietario debía avalar a otro antes de firmar las escrituras. Muchos ni siquiera se conocían entre sí.

La Central Hipotecaria del Inmigrante realizaba estas operaciones con entidades como Caja de Ahorros del Mediterráneo, Caja Madrid, Caja España,BBVA,Catalunya Caixa o Caixa Bank. Hasta la apertura del procedimiento penal que ahora ha archivado el Juzgado de Instrucción número 28, decenas de familias afectadas, casi todas de rentas modestas, fueron desahuciadas al no poder hacer frente a sus créditos hipotecarios. Ahora, las que han podido mantener sus casas a pesar de una deuda hipotecaria a todas luces injusta e irregular, pueden correr la misma suerte.

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que apoyan a los afectados en sus demandas, completamente justas y legítimas, hacen un llamamiento a acudir a la concentración del jueves convocada por el Grupo de la CHI.