La decisión de la consejería de Sanidad de suspender la construcción de un hospital en los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel a cambio de la cesión de medios y servicios del hospital militar Gómez Ulla no convence a todo el mundo. En este caso, “la población beneficiada, 110.000 habitantes –alegan varias asociaciones de Carabanchel y Latina– es menos de la mitad de la que atendería el hospital de Carabanchel”.
Por eso y, tras más de 15 años de movilizaciones vecinales, han decidido “volver a la carga” para denunciar un cambio que consideran “caprichoso e injustificado” y que que supone “el incumplimiento de una promesa tantas veces anunciada”.
Las entidades pondrán en marcha una campaña informativa y promoverán un envío masivo de cartas dirigidas a la presidenta regional exigiéndole que cumpla una de sus promesas electorales “estrella”. Además, la colocación, el próximo 14 de noviembre, de la segunda piedra del hospital inaugurará una serie de movilizaciones con el mismo objetivo irrenunciable.
En la rueda de prensa en la que ayer hicieron públicas la campaña reivindicativa, anunciaron asimismo que el pasado 25 de octubre interpusieron una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos por el hallazgo, en la vía pública, de varios archivos con datos personales de algunos internos del antiguo centro de menores de Los Rosales, gestionado por la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, dependiente de la Consejería de Interior.
