Más de diez mil personas se manifestaron durante la tarde de ayer en Madrid en favor de la sanidad pública y para pedir el cese del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, por la mala gestión de la crisis desatada en el hospital Severo Ochoa de Leganés.

Una nutrida representación de asociaciones de vecinos acudió a la cita con una pancarta que rezaba “En defensa de la sanidad pública. No a las privatizaciones” firmada por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. La marcha, sin embargo, estaba sembrada de mensajes dirigidos, fundamentalmente, a Lamela, como “Matan guerras, no los médicos’ o ‘Fumata negra para Lamela”. Los representantes vecinales recordaron que lo sucedido en Leganés podría haber sucedido en cualquier otro centro en tanto no es sino una consecuencia lógica del abandono del modelo de salud comunitario definido por la Ley General de Sanidad promovido por el Gobierno de Esperanza Aguirre y la consecuente carencia de medios humanos y materiales en la prestación de la asistencia sanitaria.

Las protestas vecinales, sin embargo, no acabaron en la calle Aduana. La FRAVM, y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), ambas miembro de la Plataforma 10 Minutos harán entrega, próximamente, de más de 22.000 firmas a la consejería de Sanidad denunciando el riesgo de descomposición de la sanidad pública y reivindicando la adopción de una serie de medidas dirigidas a garantizar la calidad de la Atención Primaria (AP): aumentar los presupuestos destinados a la Atención Primaria –no en vano, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, España es de los países de Europa que menos dedica a la sanidad pública, siendo esto especialmente notorio en la AP; conseguir las condiciones necesarias para poder implantar una agenda equilibrada de trabajo que permita dedicar tiempo suficiente de la jornada laboral para tareas como la formación, docencia, investigación…; aumentar la capacidad resolutiva de los profesionales y la supresión de los contratos basura.