El pasado 17 de abril, miembros de la Plataforma Agua Pública de Avilés abandonaron el salón de plenos del Ayuntamiento de la localidad con los brazos en alto al grito de “esto es un atraco», mientras arrojaban céntimos al suelo. Protestaban así por la negativa del pleno a aceptar una petición avalada por 17.341 vecinas y vecinos del municipio, que solicitaban la convocatoria de una consulta popular sobre el modelo de gestión del agua.
La Plataforma recuerda en su página web que “hemos presentado la propuesta de realización de la consulta popular sobre el futuro modelo de gestión del agua amparándonos en el artículo 149.1.32ª de la Constitución española, los artículos 18.1.f y 71 de la Ley de Bases de Régimen Local, así como en el Reglamento de Participación Ciudadana de Avilés, especialmente en su artículo 17. Pensamos que el Ayuntamiento no tiene potestad para determinar cuándo procede o no la aceptación o convocatoria de dicha consulta sino que, cumplidos los requisitos, como ocurre en el presente caso, debe continuar con la tramitación, siendo la Alcaldía el órgano competente municipal que proponga al Pleno su aprobación”.
El pleno del Ayuntamiento, sin embargo, tumbó la propuesta, lo que ha motivado una reacción en cascada por parte de la Plataforma, que presentó un recurso de reposición para pedir que se revoque la decisión plenaria en la que se negó la convocatoria. Pero no es todo, esta mañana represetnantes de la Plataforma presentarán una queja ante el Defensor del Pueblo, acompañados por Francisco Caño, responsable de la comisión de Medio Ambiente de la FRAVM y representante de la Federación en la Mesa del Agua de Madrid. ‘Acudimos a Madrid para presentar una queja ante el Defensor del Pueblo porque consideramos que la negativa del Pleno del Ayuntamiento de Avilés a convocar la consulta popular sobre el agua, avalada por 17.341 avilesinos y avilesinas, el 25% de los censados con derecho a voto, vulnera la legalidad y nuestros derechos de ciudadanía”, señala Alejandro Cueli Obaya, uno de los portavoces de la Plataforma que espera que “esta institución tenga un papel proactivo en la defensa de la participación ciudadana de los avilesinos y avilesinas”.
‘En Madrid el Gobierno regional eludió el debate parlamentario a la hora de aprobar la privatización del 49% del capital del Canal de Isabel II, por lo que conocemos de sobra el desprecio de algunas administraciones por la consulta, el debate y la negociación con los agentes sociales. Así, no podemos sino solidarizarnos con los compañeros de Avilés, cuya iniciativa consideramos ejemplar’, ha señalado Caño.
