Hace tres días, la Comunidad de Madrid publicaba en su boletín oficial una resolución por la que “requería” a las personas que llevan tres meses encerradas en el centro ocupacional Magerit de Carabanchel, su desalojo en un plazo de 24 horas, al entender que incurrían en una “ocupación ilegítima” del inmueble. “No nos vamos y además convocamos una manifestación para el jueves 16 de junio a las 18h30 desde la Glorieta de Marqués de Vadillo a la Plaza de Oporto” lugar donde se ubica “el buque insignia” de la lucha de los afectados por los cierres de los Centros de Personas con Discapacidad Intelectual (Magerit, Fray Bernardino Álvarez y Arganda) y de la Residencia de Mayores de Carabanchel. Esta fue la respuesta de la plataforma de damnificados por el “cerrojado” del Gobierno regional, a la que enseguida se sumaron la Coordinadora de Asociaciones de Carabanchel, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid y la Comisión de Servicios Públicos del Movimiento del 15 de Mayo. Precisamente este movimiento, a través de la Asamblea Popular en Carabanchel, se puso en marcha a las pocas horas de conocer la orden del BOCM y, junto a los encerrados del Magerit, logró reunir el 8 de junio por la tarde a unas 500 personas en una concentración en protesta por el posible desalojo del centro. Al grito de “no se cierra”, “reforma sí, cierre no”, “Espe, especulación” y “somos personas, no mercancías”, los manifestantes cortaron la avenida General Ricardos durante una hora. La Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, por su parte, aseguró esa misma tarde que ‘en ningún momento está previsto un desalojo’ del Magerit y que tras el rechazo de sus ocupantes a abandonarlo tomará “las medidas legales que nos recomienden nuestros servicios jurídicos’. “¿Es esto una pequeña victoria? Es el comienzo de una nueva y larga etapa de lucha”, indica la plataforma de afectados.

El origen de este conflicto se remonta al pasado 8 de marzo, jornada en que la Comunidad de Madrid ordenó el cierre, en 48 horas, de los centros citados, ante su presunto riesgo de hundimiento. Ese mismo día, en protesta por una decisión que se había tomado de manera precipitada y sin cotar con ellos, los trabajadores se encerraron en el centro ocupacional Magerit, siendo secundados por algunas familias de los usuarios. Tres meses después, organizados en turnos diarios de seis personas, continúan encerrados. Mientras, “los usuarios desplazados siguen en condiciones de paquetes, amontonados y sin tareas en otros centros a pesar de los intentos de la Comunidad de Madrid de mostrar absoluta normalidad”, asegura la plataforma de afectados en un comunicado, antes de desvelar los motivos reales del “cerrojazo”. Según su investigación, el gobierno de Esperanza Aguirre manipuló los informes técnicos de la empresa que realizó los estudios de los tres centros para justificar los cierres, logrando la “eliminación de más 300 plazas públicas en centros de personas con discapacidad intelectual y de mayores, a pesar del importante déficit y demanda” y la “reducción de plantilla de trabajadores interinos de dichos centros”. Además, “mediante un protocolo firmado con la Universidad privada de Nueva York”, el ejecutivo regional tiene la intención de crear un campus universitario para 800 estudiantes “excelentes” en la finca de Vista Alegre de Carabanchel, “la única zona de esparcimiento de la que dispone este populoso distrito y que las asociaciones vecinales llevan años reivindicando su rehabilitación y disfrute”. “Uno de los centros cerrado, Fray Bernardino, está en la misma finca, muy próximo al Palacio del Marqués de Salamanca, que les rehabilitan y ceden durante 40 años por un alquiler sin determinar. Magerit se encuentra a unos 500 metros de la finca. Otros servicios públicos ya han ido desapareciendo estos años de la Finca de Vista Alegre”, concluye la plataforma de afectados, que califica la operación de auténtico “pelotazo urbanístico”.

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