En 2013, cuando arrancó el proceso de licitación de la operación, la Administración regional publicó en su portal web de contratación, y sin autorización alguna, la identidad de todos los moradores afectados. Cualquiera pudo consultar sus datos personales durante tres semanas.

Al conocer estos graves hechos, AVVI animó entonces a los damnificados a presentar quejas ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), cosa que hicieron decenas de ellos, solicitando que la Comunidad de Madrid fuera sancionada con 100.000 euros por cada caso. La Agencia resolvió que se había producido una infracción grave pero, sorprendentemente, no impuso multa alguna. Ahora el Supremo ratifica esta resolución, generando además una interesante jurisprudencia. “Es preciso que la Administración recabe el consentimiento de las personas afectadas cuando se incluyan datos de carácter personal identificadores o susceptibles de identificar a las personas físicas afectadas, que no son necesarios o imprescindibles para el ejercicio de funciones públicas” antes de empezar operaciones como la venta de inmuebles del IVIMA, señalan los magistrados del Supremo.

Para estos, la publicación de los datos personales de las personas que habitaban los bloques que iban a ser vendidos por la Comunidad de Madrid en 2013 “excedió lo necesario para cumplir las previsiones de publicidad y transparencia”, máxime cuando esto se produjo sin que “recabara de forma expresa e inequívoca el consentimiento de los arrendatarios”.

Tanto AVVI como la FRAVM, que ha acompañado en todo momento a las familias afectadas en su lucha por recuperar su dignidad y derechos, han valorado de manera muy positiva la sentencia del Supremo, un nuevo argumento para reabrir la querella criminal que el pasado mes de enero se cerró en falso, para desgracia de estas entidades. Recordemos que el Juzgado número 48 de Madrid, que instruía esta causa penal desde 2014, decretó su archivo después de que el nuevo fiscal lo solicitara, un cambio de criterio incompresible para las y los damnificados. Hasta ese momento, el ministerio público había instado al tribunal a investigar hasta las últimas consecuencias un proceso “trufado de irregularidades”.

Precisamente una de estas “irregularidades”, la falta de justificación de la venta de los pisos públicos, ha motivado dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que declaran nula la operación. Aunque parezca mentira, la Comunidad de Madrid consideró innecesario argumentar la venta, a un precio muy inferior al de mercado, de 2.935 viviendas sociales, 1.865 trasteros y 45 locales públicos del IVIMA al fondo buitre Goldman Sachs.

“Desde el primer momento el proceso ha estado rodeado de irregularidades, ha sido una chapuza de principio a fin. Ahora el nuevo Gobierno regional va a tener una oportunidad clara de ponerse del lado de los miles de madrileños afectados y de actuar por el bien común, revertiendo de una vez por todas una operación que jamás se debería haber permitido, y reparando el enorme sufrimiento provocado”, ha indicado Quique Villalobos, presidente de la FRAVM tras conocer el fallo del Supremo.

Por último, tanto AVVI como la FRAVM se solidarizan con las familias afectadas por la venta de viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid, que la semana pasada recibieron un duro golpe al conocer que el Tribunal de Cuentas decidió absolver a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y a su equipo de Gobierno por el caso de las irregularidades en la venta de sus pisos al grupo Fidere, filial de otro fondo buitre, Blackstone. “No pararemos hasta que se haga justicia con todas las familias afectadas”, ha asegurado Villalobos.

Imagen: El Salto / Sara SDA