En este tiempo, muchas de ellas se han visto obligadas a dejar aquellos pisos públicos que en su día recibieron como la culminación de un sueño, ante el abandono de Encasa Cibeles o al perder las ayudas al alquiler para moradores de vivienda pública.
Sin embargo, la mayoría sigue resistiendo en sus casas a pesar de las innumerables presiones del fondo de inversión para que las abandonen, y no están dispuestas a cejar en una lucha que persigue, en última instancia, la reversión de la operación de venta organizada por el Ejecutivo autonómico y la reparación de los afectados por el terrible daño causado en todos estos años.
“Las familias están recibiendo todo tipo de presiones por parte de Encasa Cibeles mientras la Comunidad de Madrid mira para otro lado, con el argumento simplista de que la responsabilidad es de un Gobierno anterior, y no del actual. ¿A quien hemos de pedir amparo entonces, más allá de los jueces?” se pregunta la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA (AVVI), que ha mantenido viva la llama de esta justa lucha en estos largos cuatro años. “Lo que está haciendo Encasa no tiene nombre. En estos momentos está enviando cartas a familias en las que comunica que deben abandonar su domicilio ante la conclusión de su contrato de alquiler, para después mandar a sus mediadores a hacerles una visita. En ella, estos invitan a la familia afectada a que lleve la carta de aviso a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) para tener más posibilidades de obtener una vivienda de alquiler social. Vaya, están tratando de colgar el muerto al Ayuntamiento de Madrid, y todo con la complicidad de la Comunidad de Madrid”, sostiene AVVI.
En el cuarto aniversario de su lucha, AVVI, que siempre ha tenido el sostén de la FRAVM, denuncia también la lentitud de la justicia y la falta de colaboración e incluso el bloqueo de la Comunidad de Madrid y del Ministerio de Hacienda en este caso, lo que está haciendo que se prolongue mucho más de lo razonable. “Desde diciembre del año pasado esperamos un informe judicial que determine el coste real de la operación de venta, una demora inaudita que ha motivado la ampliación de la instrucción 18 meses más”, se queja la entidad ciudadana, que anuncia nuevas movilizaciones para las próximas semanas.
En el segundo trimestre de este año, AVVI se concentró hasta cinco veces ante el Gobierno regional para exigir “justicia y reparación”, y seguirá protestando hasta lograr su objetivo, aseguran sus portavoces.
En el plano judicial, recordemos que aún permanecen abiertos un proceso penal y cinco procesos contencioso administrativos (tres colectivos y dos individuales). La causa penal, que se encuentra el Tribunal de Instrucción número 48 de Madrid, precipitó la dimisión de Juan Van-Halen Rodríguez, como director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento al ser citado como investigado.
