No es fácil, y decenas de hogares no solo han abandonado la lucha sino sus propias viviendas, hoy propiedad del fondo buitre Encasa Cibeles, al ver como poco a poco se deterioraban sus condiciones de vida. Por eso AVVI demanda a los poderes públicos su total colaboración para que se agilice la causa penal que actualmente instruye el Juzgado N.º 48 de Madrid sobre la operación de enajenación de las viviendas del IVIMA ejecutada en 2013 por el Ejecutivo autonómico. Ayer la asociación tuvo conocimiento de que el fiscal del caso ha solicitado una prórroga de la instrucción, ya que en julio vencen los 18 meses de la primera prórroga solicitada por él mismo en el marco de una causa que arranca en 2014. Lo hace ya que aún no ha recibido el informe -clave para el caso- que pidió a la Agencia Tributaria de Madrid, una Administración que, dirigida por la hermana del actual ministro de Justicia, está jugando a dilatar al máximo los tiempos, al igual que ha hecho la Comunidad de Madrid desde el primer momento. AVVI espera que el juez atienda la petición del fiscal y pide que se haga justicia lo antes posible. De otra manera, el caso podría cerrarse en falso. AVVI alerta del riesgo de desahucio que sufren actualmente decenas de familias por la finalización de sus contratos con Encasa Cibeles y demanda a la Administración que no permita un solo desalojo.

“No nos vamos a ir” insisten los afectados. “Esta estrategia de dilatar los plazos por parte de la hermana del ministro para impedir o retrasar la acción de la justicia no va a obtener lo que esperan, es decir, vencernos por agotamiento. El colectivo ha demostrado que tiene aguante suficiente para resistir y el que resiste vence. No vamos a abandonar las casas de las que somos legales adjudicatarios aunque los buitres quieran terminar los contratos para echarnos”, subrayan desde la asociación.

Esta misma semana, los afectados han conocido otra noticia que abre otra ventana a la esperanza. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de casación interpuesto por una entidad amiga, la Plataforma de Afectados por la Venta de la Vivienda Pública y Social (PAVPS). Para alegría de esta organización y de AVVI, los magistrados del Supremo atienden una petición de los afectados de continuar con el procedimiento que había tumbado previamente el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Madrid y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al entender que no se habían vulnerado los derechos de las familias con la venta pues esta no supuso una “modificación en las condiciones y términos de su contrato de arrendamiento”. AVVI y la PAVPS saben que eso no es cierto, ya que, entre otras cosas, tras pasar de la Comunidad de Madrid a Goldman Sachs-Encasa Cibeles, muchas familias perdieron las ayudas autonómicas para hacer frente al pago del alquiler y/o se vieron obligadas a pagar el IBI o los gastos de comunidad, cuando antes no debían hacerlo.

Recordemos que en la actualidad existe una comisión de la Asamblea de Madrid encargada de dilucidar las irregularidades de la operación de enajenación de las viviendas del IVIMA, y que el caso judicial precipitó la dimisión de Juan Van-Halen Rodríguez como director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento.