Batán, Manoteras, colonia San Agustín, Ciudad de los Ángeles, San Ignacio de Loyola, colonia Urpisa, Meseta de Orcasitas…Son nombres de barrios donde viven familias modestas, trabajadoras, que luchan día a día por salir adelante. Lugares con una alta densidad de población mayor, donde la crisis no ha hecho más que agrandar una brecha social con el centro de la capital que venía de lejos. Es aquí, en esta periferia abandonada por las administraciones donde se encuentran los 20.000 hogares que un día solicitaron una ayuda pública para rehabilitar su vivienda o para instalar un ascensor más que necesario y la Comunidad de Madrid, tras haberla concedido, la eliminó o rebajó como por arte de magia. 20.000 familias endeudadas que hoy se sienten frustradas y engañadas por su Gobierno autonómico y que claman por una solución que esté a la altura del problema. Recordemos que el Ejecutivo que entonces presidía Esperanza Aguirre, con el argumento de la crisis, dejó de pagar en 2012 diez millones de euros transferidos por el Gobierno central para subvenciones a la rehabilitación y a la instalación de ascensores. Para ello, se sirvió de una norma, la Ley 4/2012, que abrió la puerta a otros recortes sociales.
Ante la gravedad de la cuestión, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), en nombre de estas familias, ha trasladado esta mañana a los portavoces de vivienda de los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid una petición para que “en el trámite de aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid o, en su caso, en el trámite de aprobación de la llamada Ley de Acompañamiento lleven a cabo las oportunas iniciativas que permitan reparar el mal causado”. Iniciativas que para la FRAVM pasan por la derogación del artículo 20 de la Ley 4/2012, texto que permitió, de manera retroactiva, retirar las citadas subvenciones. “Con ello se ha causado un enorme daño a miles de familias de nuestra región y creemos que es primordial que la Asamblea de Madrid remedie esta injusticia”, indica la FRAVM en la carta que ha hecho llegar a los grupos políticos.
Tras recibir la misiva, Podemos ha asegurado que presentará una enmienda a la Ley de Acompañamiento con la propuesta de derogación del citado artículo, algo que han firmado casi 5.000 personas y que la FRAVM presentó en la sede del Gobierno de Cifuentes el pasado 26 de noviembre, al término de una manifestación de afectados.
Por otro lado, actualmente la FRAVM promueve mociones de apoyo a los damnificados en ayuntamientos de la región y en juntas municipales de distrito de la capital. De momento, han aprobado declaraciones en este sentido los consistorios de Coslada y San Fernando de Henares y las juntas de San Blas y de Chamartín.
Recordemos que con motivo de los adeudos, el Juzgado de Instrucción Número 36 de Madrid ha admitido a trámite una querella que presentó la asociación vecinal Los Pinos de San Agustín a principios de septiembre contra Pablo Cavero, ex consejero de Transporte, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad, por prevaricación y malversación de fondos públicos. La entidad, a la que se ha sumado la FRAVM en su demanda judicial, denunció a Cavero, hoy concejal del Ayuntamiento de Madrid en la oposición, por destinar parte de los 85 millones de euros recibidos del Estado para la rehabilitación de viviendas a otras partidas.
