La rabia que se respira en el barrio de Prosperidad desde el pasado 15 de junio, fecha en la que la asociación vecinal Valle-Inclán recibió una carta de la Comunidad de Madrid que anuncia el inmediato desahucio de su local, hacía presagiar un pleno de máxima tensión. Tras un llamamiento de la entidad ciudadana, decenas de vecinos llenaron el salón de plenos de la Junta Municipal de Chamartín. Su objetivo, tal y como Valle-Inclán trasladó por carta a Luis Miguel Boto, no era otro que reclamar al organismo municipal que preside un acuerdo de los grupos en solidaridad con la asociación vecinal, de cara a negociar su permanencia en el inmueble con su actual propietaria, la Consejería de Educación. Este fin llevaba el aval del PSOE e IU, grupos que propusieron debatir la cuestión en el pleno con objeto de aprobar una moción, extremos a los que se negó el concejal presidente, aduciendo que la sesión sólo podía dedicarse al debate sobre el estado del distrito, como estaba anunciado. Boto invitó a los presentes a aplazar una semana la discusión del problema, un hecho que indignó a éstos, ya que la Comunidad de Madrid ha marcado el próximo 5 de julio como fecha del desalojo del inmueble, lo que implica un estrecho margen de maniobra para la asociación afectada. Ante la falta de empatía mostrada por el concejal del PP, los vecinos y vecinas comenzaron a gritar “No al desalojo”, convirtiendo la sala en un bullicioso escenario, lo que provocó la suspensión del pleno por parte de Boto y el abandono del salón de toda la bancada popular.

Después de seis años de uso intenso y a pesar de las comunicaciones previas de la Comunidad de Madrid, que indicaban que la asociación no iba a tener ningún problema en renovar este año la cesión de su local, Valle-Inclán se ha encontrado con la desagradable sorpresa de tener que abandonar éste a la fuerza y en un plazo que termina el 5 de julio. La Consejería de Educación, que parece no tener en cuenta el hecho de que la asociación lleve 35 años trabajando por el barrio de forma desinteresada, ha justificado su decisión por la “coyuntura económica actual” lo que la obliga a “tomar medidas dirigidas a reducir el gasto público e incrementar los ingresos de la Comunidad de Madrid”.

En la carta remitida al concejal de Chamartín, Valle-Inclán sostiene que “se encuentra en situación de indefensión y en evidente riesgo de continuidad en nuestra tarea de claro servicio público, más necesario que nunca, precisamente en época de crisis en donde se produce una clara reducción de los servicios sociales”. Por ello, solicita a los tres grupos políticos de la junta que dirige “el derecho de amparo, que hablen con la Consejería de Educación para que reconsidere su postura y en última instancia que la Junta Municipal sea subsidiaria para que continuemos en el barrio”.

La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), entidad en la que se encuentra Valle-Inclán, se reunirá el próximo lunes con responsables de la Consejería de Educación para pedir una prórroga del contrato de cesión del local.