Continúa el drama de las familias afectadas por la línea 7B de Metro en San Fernando de Henares. Ayer 30 nuevos hogares del número 7 de la calle Rafael Alberti fueron desahuciados de sus viviendas por daños estructurales y hoy, 20 de septiembre, aquellos que llevan meses en apartahoteles y pisos de alquiler deberán abandonarlos al decaer la Orden de Emergencia que los ampara. Como alternativa, el Gobierno regional les ingresará cada mes 798 euros para que puedan afrontar un alquiler que las familias deberán buscar, una fórmula que no convence en absoluto a a plataforma de damnificados, que sigue reclamando una solución duradera e indemnizaciones justas. A tal fin, esta tarde volverá a salir a la calle en San Fernando de Henares en una marcha que partirá a las 19:00 de la calle Algorta, 27 y finalizará en la plaza de España de la localidad. La FRAVM, que en todo momento ha apoyado a las familias afectadas, anima a la ciudadanía a caminar esta tarde a su lado.
La federación comparte el comunicado que la Plataforma de Afectados hizo público el pasado sábado y que relata la terrible realidad que en estos momentos atraviesan. Por su interés lo reproducimos a continuación.
Nota de la Plataforma de Afectados por el Metro 
En las últimas semanas hemos visto como el problema de metro a su paso por el municipio de San Fernando de Henares ha vuelto a degenerar en una auténtica pesadilla para los afectados. Durante el periodo estival la Comunidad de Madrid ha seguido auscultando las zonas afectadas en la línea de los trabajos previamente marcados. El estudio inconcluso de los desalojos en la calle Pablo Olavide Impares, la resolución final para el derribo de los edificios de la calle Presa Impares y la finalización del derribo del primer edificio desalojado en la calle Presa Pares 4 y Rafael Alberti 1 y 3 no parece ser suficiente para la CAM.
Durante los primeros compases del mes de septiembre hemos asistido con estupefacción e indignación a nuevas y desagradables noticias. En las últimas semanas los trabajos de auscultación de la consejería de Transporte, desarrollados por la empresa INTEMAC, han arrojado cierta información técnica que poco o nada tiene que ver con las declaraciones políticas de los responsables ni con la realidad. A la cada vez más amplia familia de edificios gravemente afectados tenemos que sumar tres: el relativo a Virgen del Templo 6 (plaza Trébol), las calle Sabatini y el edificio situado en la calle Rafael Alberti 7 y 9. Dichos informes, emitidos el 8 de septiembre por la Comunidad de Madrid en una reunión en la que no quisieron informar a los afectados, definen los daños estructurales estudiados como de tendencia “leve y moderada” planteando además que los daños “son compatibles (pero no necesariamente atribuibles) con tales movimientos”, en referencia al movimiento del suelo y la cimentación de los edificios estudiados. Esta misma retórica fue apoyada poco antes de la emisión de dichos informes a través de los medios de comunicación por la Consejería de Transporte de la CAM que, con pleno conocimiento técnico de la situación, atribuyó el desprendimiento de varios cascotes de la cornisa del edificio Rafael Alberti número 7 a un defecto en la construcción del mismo edifico y por tanto no imputable a un potencial daño estructural provocado por la infraestructura de metro.
Toda esta rápida sucesión de acontecimientos se desencadenó coincidiendo con el debate sobre el Estado de la Región desarrollado durante los días 12 y 13 de septiembre. La presidenta de la CAM señaló en sede parlamentaria que tan solo había “32 familias desalojadas, 76 expedientes de responsabilidad patrimonial que afectan a garajes y otras circunstancias. Nosotros no podemos hacer otra cosa que solidarizarnos.” Por otro lado, las últimas declaraciones del consejero de Transporte, David Pérez, no han sido más esperanzadoras. No solamente ha cargado contra el consistorio municipal, culpando al ayuntamiento de demoras en la gestión de diversos informes, también ha cargado contra las víctimas señalando que no están colaborando y que el principal problema para resolver esta grave situación es que los afectados han recurrido al asesoramiento jurídico.
Tan solo dos días después de estas declaraciones públicas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la Consejería de Transporte emitió al consistorio municipal un nuevo informe que alertaba de un potencial riesgo de colapso en el edificio de la calle Rafael Alberti 7 y 9. Esto ha llevado a una situación que nadie pensaba que podría volver a suceder: el desalojo forzoso de 16 familias de sus hogares. Las víctimas de esta tragedia, como todos los afectados, tuvimos que enterarnos a través de los medios de comunicación, ya que los próximos desalojados no habían recibido notificación alguna tanto de la Comunidad de Madrid como de TRAGSA, empresa semipública de obras y servicios contratada por la Consejería de Transporte para gestionar el realojo de los damnificados. No contentos con semejante tragedia, la CAM y sus técnicos han defendido el desalojo parcial del edificio, solicitando al ayuntamiento que no emita una orden de ruina para otras 16 familias del inmueble, lo que significa que habría más de una decena de familias conviviendo con las próximas obras de consolidación del suelo y poniendo en riesgo sus vidas. A esta política indolente nos hemos opuesto tanto el consistorio municipal, la Plataforma de Afectados por Metro y las propias víctimas, exigiendo un desalojo completo en condiciones dignas de todas y cada una de las familias.
De nuevo, la historia se repite y 32 familias deben abandonar en un plazo máximo de 72 horas sus hogares, sin saber si podrán volver algún día. La situación en sí es dramática, pero no deja de ser sorprendente que, a falta de cuatro días para que se cumpla un año del primer desalojo, el trato a las víctimas sea igual de vejatorio, penoso y negligente. Desde la Plataforma nos preguntamos, ¿Qué ha cambiado técnicamente para que en una semana se ordene desalojar un edificio que teóricamente sufría daños leves o moderados y estos se podían deber a defectos en la construcción? ¿Cómo es posible que si la situación actual es tan grave como apuntan se hayan planteado dejar en el mismo edificio a 16 familias? ¿Qué han hecho las familias trabajadoras de este municipio para recibir un trato inhumano? ¿Hasta dónde vamos a llegar?
La política de la Comunidad de Madrid sigue sin responder a las necesidades reales de las víctimas. Después de un año siguen con su política de parches, una probada política de opacidad y una incapacidad manifiesta para responder a un problema que parece no tener fin.
Por otro lado, el día 20 de septiembre las primeras 20 familias desalojadas acabarán en la calle. La orden de emergencia que sustenta su alternativa habitacional finaliza y la oferta de realojo planteada por la Consejería de Transporte es poco más que una burla. La solución para la administración es ingresar directamente a las familias un total de 798 euros, sin aclarar la repercusión fiscal que pueden tener estos ingresos extraordinarios, y, aún más importante, sin ser una alternativa real ya que el pago es irrisorio en comparación con el precio de mercado de una vivienda adaptada y amueblada para unas familias que lo han perdido todo.
De nuevo, desde la Plataforma de Afectados lucharemos para que se trate con dignidad a las víctimas: el martes 20 de septiembre, a las 19:00 horas en la estación de metro Henares, volveremos a las calles en una nueva marcha por el municipio. Estamos hartos de la política de parches, contratos de emergencia y del gasto millonario que pagamos todos los contribuyentes. Por ello insistimos en que la única salida para afrontar este problema es un Plan Integral con un presupuesto fijo que sea capaz de trabajar en todos los sentidos. Nuestro municipio, sus 411 viviendas dañadas, censadas oficialmente, sus 18 calles afectadas y los miles de viviendas devaluadas, merecen algo más que la negligencia y el desprecio de la actual administración. Lucharemos como un pueblo para recuperar lo que nos han robado.
