La del domingo será la 57ª Marea Blanca que promueve la infatigable MESDAP, de la que forma parte la FRAVM, y se unirá a una protesta convocada por Salvemos el Hospital Público de Móstoles, plataforma que se activó tras el anuncio realizado en abril por el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, sobre el “nuevo plan funcional” del centro. Entonces dijo que convertiría 130 de sus plazas en camas para uso de media y larga estancia. La noticia se divulgó rápidamente, generando una ola de protesta gigante en la localidad, lo que obligó al Sánchez Martos a desmentirla parcialmente. “Ese desmentido realizado al socaire de las ocurrencias de este administrador “público” es uno de los tantos a los que nos tiene acostumbrados este consejero que cambia sus planes de forma imprevisible para algo tan importante como la sanidad pública madrileña; lo que da idea de su trabajo improvisado o del cinismo cuando habla de ser el mayor defensor de la misma”, critica la MESDAP en un comunicado que ha hecho público hoy.

En el programa de movilizaciones previsto para este año 2017, la MEDSAP – Marea Blanca anunció que simultanearía las manifestaciones al Ministerio de Sanidad con abrazos a nuestros hospitales, “en los que se hace muy visible su descapitalización programada”. “El avance sobre Móstoles que hizo el consejero, su posterior rectificación y una nueva declaración sobre la existencia de un plan a diez años para la reconversión de las funciones de todos los hospitales públicos madrileños nos dieron la clave de que el Hospital Universitario de Móstoles era el segundo eslabón de este rosario proprivatizador de ataque directo a un hospital 100% público”, sostiene la coordinadora ciudadana. Inaugurado en 1983, este importante centro fue el primer hospital construido fuera de la capital y llegó a tener en sus comienzos una población a cargo de más de 400.000 usuarios, luego repartidos con la Fundación Alcorcón y finalmente arrebatados con el hospital privado de Móstoles.

El anuncio de la Consejería de Sanidad perseguía reconvertirlo de su condición completa como hospital de agudos a un centro de otra índole, “dándole un pretendido giro a usuarios como crónicos y ancianos; excelente excusa para aumentar las derivaciones a ese hospital, modelo PPP [asociación público privado] que es Hospital Rey Juan Carlos”, asegura la MESDAP, antes de continuar: “este último fue inaugurado en 2012 y modelo típico neoliberal que usa el dinero de nuestros impuestos, o sea el dinero público, para mantener una empresa privada que tiene como primer objetivo el máximo beneficio económico para sus accionistas. Por tanto, la conversión del Hospital Público Universitario de Móstoles encubre una operación de trasvase de pacientes de la sanidad pública al Hospital Rey Juan Carlos, propiedad del consorcio Fresenius-Helius, la empresa alemana que compró el conocido como Grupo Capio, que después se denominó Idc Salud, que luego se fusionó con el Grupo Quirón para acabar en esas manos alemanas con grandes beneficios para sus dueños a costa de nuestro patrimonio”. El coste por cama/día del Hospital privado Rey Juan Carlos es un 14,95% más caro que el público y ya cuenta con más tarjetas sanitarias que el Hospital Público Universitario de Móstoles, “un negocio redondo, como la derivación de agudos a la Fundación Jiménez Díaz, que también pertenece al mismo grupo Fresenius”, desvelan los promotores de la Marea Blanca.

Para justificar su plan, la Comunidad de Madrid alega la necesidad de camas para crónicos y ancianos, algo que es muy cierto, pero, a tenor de la MESDAP, “fácilmente puede enviarlos al Hospital Rey Juan Carlos en tanto no adecuen el antiguo Hospital Puerta de Hierro, que se abandonó en un fin de semana inolvidable para sus trabajadores y que podría albergar entre 500 y 600 camas de ambos tipos. ¿ Porqué no lo hace? Eso no da beneficios a la especulación”, concluye en su nota informativa.

La MESDAP, que está formada por sindicatos, colectivos profesionales y de pacientes y asociaciones vecinales, denuncia “la incapacidad de este Gobierno de la Comunidad de Madrid y de su consejero de Sanidad para defender con lealtad el patrimonio público, el dinero de nuestros impuestos que debe ir a la sanidad pública” y exigen su retirada “si no son capaces de mantener el mismo en su plena titularidad 100 % pública, en su condición de universal y en la calidad que merece”.