El rechazo a estas pruebas, cuyos resultados no tendrán reflejo en los expedientes académicos, y que según la Consejería de Educación, sólo tendrán carácter censal y muestral, de debe también a su coste. Su realización supone que a través de presupuestos públicos se derive una injustificada partida de 645.000 euros (el pasado curso 2015-2016 supusieron cerca de 300.000 euros, con lo que se dobla su coste).

Además del citado coste, dicha externalización implica no sólo la realización de las pruebas, sino también su documentación, tabulación y análisis de las evaluaciones finales, por parte de nuestra administración regional educativa, dentro de su celo en la aplicación de la LOMCE, en un empuje total de una política competitiva que se quiere imponer en los centros, y donde los de naturaleza pública parten con enorme desventaja dados los recortes que viene sufriendo desde 2009.

Entre los diversos males que genera la propia existencia de estas pruebas, queremos poner énfasis en la promoción de la competitividad de los centros (se anula todo principio de cooperación y colaboración); el avivar las diferencias entres los centros públicos y los centros privados; dar prioridad a la preparación de estas pruebas, olvidando la planificación por proyectos de carácter trimestral; la difusión, siempre negada por la Consejería, pero que luego se hace pública, de rankings entre los centros; la presión que se traslada no solo al alumnado, sino a las familias y equipos docentes y directivos, donde incluso se llega a amenazar con efectos disciplinarios si no se llevan a cabo. Todo ello en un contexto que no valora las particularidades socioeconómicas de familias y alumnos en los centros, los recursos con los que cuenta, etc.

Por todo lo anterior, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid apoya la objeción en la realización de estas pruebas, por su nula efectividad y eficiencia; por carecer, según la propia normativa existente, de efectos académicos; por mermar la calidad de la educación; por intentar imponer los principios más discriminatorios y perjudiciales sobre el alumnado; y por ser una de las variables de la LOMCE, ley que cuenta con el total rechazo de la comunidad educativa madrileña.